Las últimas oposiciones al Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos se cerraron con polémica , con al menos una docena de opositores presentando recursos por supuestas irregularidades, y el nuevo proceso selectivo nace con otro tropiezo. Apenas dos semanas después de publicarse la convocatoria, el Ministerio de Cultura ha tenido que sustituir a una vocal del tribunal calificador, Susana Alcalde. ¿La razón? Que estos últimos años ha estado dando clases de preparación a aspirantes a las pruebas. Cultura no lo reconoce, claro. El servicio de prensa del ministro Urtasun no ha respondido a las preguntas de ABC, y el BOE se limitó ayer a consignar una «renuncia» formulada por Alcalde. Según ha podido saber este diario por dos fuentes, esta conservadora ha formado a aspirantes al menos hasta 2023. Su inclusión en el tribunal sorprendió tanto a funcionarios con plaza como a opositores, que manifestaron entre ellos su extrañeza e incluso la posibilidad de recusar. El Real Decreto 364/1995 es explícito: «No podrán formar parte de los órganos de selección aquellos funcionarios que hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de la correspondiente convocatoria».Noticia Relacionada estandar Si Cultura desdeña la denuncia de los opositores a conservadores de museos: «No hay ninguna irregularidad» Jaime G. Mora El ministro Urtasun asegura que los tribunales se constituyeron con normalidad y no ve ningún «exceso» en que por segundo año consecutivo haya quedado sin cubrir el 40 por ciento de las plazas ofertadasAlcalde, actual jefa de División de Protección y Catalogación de Patrimonio Histórico en la Comunidad de Madrid, fue hasta hace unos meses subdirectora general del Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE). Había sido nombrada en junio de 2023, tras ejercer casi año y medio como número dos del organismo. Ingresó en el Cuerpo Facultativo en 2017 con la octava mejor nota en una convocatoria en la que Isaac Sastre obtuvo la primera puntuación.Conflicto de interesesSastre, a quien Urtasun apartó para coordinar Mondiacult , fue uno de los colaboradores más estrechos de Javier García Fernández, recuperado de la jubilación por Pedro Sánchez como secretario general del ministerio durante la etapa del exministro José Manuel Rodríguez Uribes. La llegada de Miquel Iceta a Cultura provocó la salida de García Fernández, pero tras la dimisión de Dolores Jiménez-Blanco, Iceta designó a Sastre como director general de Bellas Artes. Fue un movimiento que provocó cierta sorpresa en el Cuerpo por lo rápido que había escalado a un puesto de tanta responsabilidad. De esa dirección depende el IPCE, adonde Alcalde llegó como subdirectora adjunta en 2022.La participación de funcionarios como preparadores para las oposiciones al Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos es una de las muchas cuestiones que no están del todo resueltas en el seno del Ministerio de Cultura, a pesar del decreto del 95. En un cuerpo pequeño, donde todos se conocen, la línea entre la orientación académica y el conflicto de intereses puede volverse difusa. ¿Es ético que se dediquen a orientar a los estudiantes? ¿Y si tienen información privilegiada? ¿Y si se forman así grupos de influencia que luego se apoyan entre ellos a la hora de ocupar puestos superiores?Claves de la polémica Del IPCE al tribunal. Hasta hace unos meses, Susana Alcalde fue subdirectora general del Instituto del Patrimonio Cultural de España. Ingresó en el Cuerpo Facultativo en 2017. Ha preparado opositores al menos hasta 2023. Incompatibilidad legal. El Real Decreto 364/1995 prohíbe integrar tribunales a quienes hayan preparado aspirantes en los cinco años previos a la convocatoria. La vocal relevada impartió clases dentro de ese plazo, lo que ha obligado a rehacer el órgano. «Renuncia» exprés. El BOE recoge la salida como una «renuncia». El Ministerio de Cultura no ha ofrecido explicaciones públicas. El relevo llega apenas dos semanas después de publicarse la convocatoria, ya con el proceso en marcha. Polémica previa. El proceso anterior terminó con recursos de alzada por supuestas irregularidades en la constitución de tribunales y en los criterios de corrección. Los aspirantes deberán acudir a la vía contenciosa.El decreto habla de un plazo de cinco años, pero fuentes consultadas apuntan a que en muchas ocasiones realizan esta labor sin que conste de manera oficial. Son profesores, pero ejercen en academias privadas, con cierta opacidad, y entonces pueden entrar a formar parte de los tribunales calificadores sin ningún impedimento. En el caso de Alcalde, ABC ha podido consultar un documento de Comisiones Obreras en las que ella salía como docente junto a Paloma Sánchez –a quien relacionan con Isaac Sastre– en unos cursos ofrecidos por la Fundación Formación y Empleo. En la resolución publicada el 3 de febrero por el que se designaba el órgano de selección del proceso selectivo, Alcalde figuraba como vocal suplente del tribunal. Ayer se publicó en el BOE una modificación que designa a Leticia García de Ceca Sánchez como sustituta de la ex número uno del IPCE.Convocatoria recurridaLa convocatoria de este año prevé cubrir 54 plazas por turno libre y 29 por promoción interna. En la resuelta a finales del año pasado quedaron vacantes, por segundo año consecutivo, en torno al 40 por ciento de las plazas ofertadas. Una veintena de opositores envió una carta a Ángeles Albert, directora general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, denunciando irregularidades: tribunales constituidos sin presidente o secretario, criterios de corrección poco transparentes, un número elevado de suspensos y posibles agravios comparativos. Entre los hechos señalados figura la coincidencia de determinados miembros del tribunal en sesiones en las que nadie aprobó. Al menos una docena de estos afectados presentaron recursos de alzada, pero la relación de aprobados ya ha sido aprobada en el BOE. La vía que queda es la contencioso-administrativa, un proceso que tarda años en resolverse; esto es, cuando el problema deba resolverlo otro ministro. Interpelado en el Congreso, Urtasun aseguró que no ha detectado irregularidades y que una tasa de vacantes en torno al 40 por ciento es «absolutamente normal». Las últimas oposiciones al Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos se cerraron con polémica , con al menos una docena de opositores presentando recursos por supuestas irregularidades, y el nuevo proceso selectivo nace con otro tropiezo. Apenas dos semanas después de publicarse la convocatoria, el Ministerio de Cultura ha tenido que sustituir a una vocal del tribunal calificador, Susana Alcalde. ¿La razón? Que estos últimos años ha estado dando clases de preparación a aspirantes a las pruebas. Cultura no lo reconoce, claro. El servicio de prensa del ministro Urtasun no ha respondido a las preguntas de ABC, y el BOE se limitó ayer a consignar una «renuncia» formulada por Alcalde. Según ha podido saber este diario por dos fuentes, esta conservadora ha formado a aspirantes al menos hasta 2023. Su inclusión en el tribunal sorprendió tanto a funcionarios con plaza como a opositores, que manifestaron entre ellos su extrañeza e incluso la posibilidad de recusar. El Real Decreto 364/1995 es explícito: «No podrán formar parte de los órganos de selección aquellos funcionarios que hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de la correspondiente convocatoria».Noticia Relacionada estandar Si Cultura desdeña la denuncia de los opositores a conservadores de museos: «No hay ninguna irregularidad» Jaime G. Mora El ministro Urtasun asegura que los tribunales se constituyeron con normalidad y no ve ningún «exceso» en que por segundo año consecutivo haya quedado sin cubrir el 40 por ciento de las plazas ofertadasAlcalde, actual jefa de División de Protección y Catalogación de Patrimonio Histórico en la Comunidad de Madrid, fue hasta hace unos meses subdirectora general del Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE). Había sido nombrada en junio de 2023, tras ejercer casi año y medio como número dos del organismo. Ingresó en el Cuerpo Facultativo en 2017 con la octava mejor nota en una convocatoria en la que Isaac Sastre obtuvo la primera puntuación.Conflicto de interesesSastre, a quien Urtasun apartó para coordinar Mondiacult , fue uno de los colaboradores más estrechos de Javier García Fernández, recuperado de la jubilación por Pedro Sánchez como secretario general del ministerio durante la etapa del exministro José Manuel Rodríguez Uribes. La llegada de Miquel Iceta a Cultura provocó la salida de García Fernández, pero tras la dimisión de Dolores Jiménez-Blanco, Iceta designó a Sastre como director general de Bellas Artes. Fue un movimiento que provocó cierta sorpresa en el Cuerpo por lo rápido que había escalado a un puesto de tanta responsabilidad. De esa dirección depende el IPCE, adonde Alcalde llegó como subdirectora adjunta en 2022.La participación de funcionarios como preparadores para las oposiciones al Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos es una de las muchas cuestiones que no están del todo resueltas en el seno del Ministerio de Cultura, a pesar del decreto del 95. En un cuerpo pequeño, donde todos se conocen, la línea entre la orientación académica y el conflicto de intereses puede volverse difusa. ¿Es ético que se dediquen a orientar a los estudiantes? ¿Y si tienen información privilegiada? ¿Y si se forman así grupos de influencia que luego se apoyan entre ellos a la hora de ocupar puestos superiores?Claves de la polémica Del IPCE al tribunal. Hasta hace unos meses, Susana Alcalde fue subdirectora general del Instituto del Patrimonio Cultural de España. Ingresó en el Cuerpo Facultativo en 2017. Ha preparado opositores al menos hasta 2023. Incompatibilidad legal. El Real Decreto 364/1995 prohíbe integrar tribunales a quienes hayan preparado aspirantes en los cinco años previos a la convocatoria. La vocal relevada impartió clases dentro de ese plazo, lo que ha obligado a rehacer el órgano. «Renuncia» exprés. El BOE recoge la salida como una «renuncia». El Ministerio de Cultura no ha ofrecido explicaciones públicas. El relevo llega apenas dos semanas después de publicarse la convocatoria, ya con el proceso en marcha. Polémica previa. El proceso anterior terminó con recursos de alzada por supuestas irregularidades en la constitución de tribunales y en los criterios de corrección. Los aspirantes deberán acudir a la vía contenciosa.El decreto habla de un plazo de cinco años, pero fuentes consultadas apuntan a que en muchas ocasiones realizan esta labor sin que conste de manera oficial. Son profesores, pero ejercen en academias privadas, con cierta opacidad, y entonces pueden entrar a formar parte de los tribunales calificadores sin ningún impedimento. En el caso de Alcalde, ABC ha podido consultar un documento de Comisiones Obreras en las que ella salía como docente junto a Paloma Sánchez –a quien relacionan con Isaac Sastre– en unos cursos ofrecidos por la Fundación Formación y Empleo. En la resolución publicada el 3 de febrero por el que se designaba el órgano de selección del proceso selectivo, Alcalde figuraba como vocal suplente del tribunal. Ayer se publicó en el BOE una modificación que designa a Leticia García de Ceca Sánchez como sustituta de la ex número uno del IPCE.Convocatoria recurridaLa convocatoria de este año prevé cubrir 54 plazas por turno libre y 29 por promoción interna. En la resuelta a finales del año pasado quedaron vacantes, por segundo año consecutivo, en torno al 40 por ciento de las plazas ofertadas. Una veintena de opositores envió una carta a Ángeles Albert, directora general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, denunciando irregularidades: tribunales constituidos sin presidente o secretario, criterios de corrección poco transparentes, un número elevado de suspensos y posibles agravios comparativos. Entre los hechos señalados figura la coincidencia de determinados miembros del tribunal en sesiones en las que nadie aprobó. Al menos una docena de estos afectados presentaron recursos de alzada, pero la relación de aprobados ya ha sido aprobada en el BOE. La vía que queda es la contencioso-administrativa, un proceso que tarda años en resolverse; esto es, cuando el problema deba resolverlo otro ministro. Interpelado en el Congreso, Urtasun aseguró que no ha detectado irregularidades y que una tasa de vacantes en torno al 40 por ciento es «absolutamente normal».
Las últimas oposiciones al Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos se cerraron con polémica, con al menos una docena de opositores presentando recursos por supuestas irregularidades, y el nuevo proceso selectivo nace con otro tropiezo. Apenas dos semanas después de publicarse la convocatoria, el … Ministerio de Cultura ha tenido que sustituir a una vocal del tribunal calificador, Susana Alcalde. ¿La razón? Que estos últimos años ha estado dando clases de preparación a aspirantes a las pruebas.
Cultura no lo reconoce, claro. El servicio de prensa del ministro Urtasun no ha respondido a las preguntas de ABC, y el BOE se limitó ayer a consignar una «renuncia» formulada por Alcalde. Según ha podido saber este diario por dos fuentes, esta conservadora ha formado a aspirantes al menos hasta 2023. Su inclusión en el tribunal sorprendió tanto a funcionarios con plaza como a opositores, que manifestaron entre ellos su extrañeza e incluso la posibilidad de recusar.
El Real Decreto 364/1995 es explícito: «No podrán formar parte de los órganos de selección aquellos funcionarios que hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de la correspondiente convocatoria».
Alcalde, actual jefa de División de Protección y Catalogación de Patrimonio Histórico en la Comunidad de Madrid, fue hasta hace unos meses subdirectora general del Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE). Había sido nombrada en junio de 2023, tras ejercer casi año y medio como número dos del organismo. Ingresó en el Cuerpo Facultativo en 2017 con la octava mejor nota en una convocatoria en la que Isaac Sastre obtuvo la primera puntuación.
Conflicto de intereses
Sastre, a quien Urtasun apartó para coordinar Mondiacult, fue uno de los colaboradores más estrechos de Javier García Fernández, recuperado de la jubilación por Pedro Sánchez como secretario general del ministerio durante la etapa del exministro José Manuel Rodríguez Uribes. La llegada de Miquel Iceta a Cultura provocó la salida de García Fernández, pero tras la dimisión de Dolores Jiménez-Blanco, Iceta designó a Sastre como director general de Bellas Artes. Fue un movimiento que provocó cierta sorpresa en el Cuerpo por lo rápido que había escalado a un puesto de tanta responsabilidad. De esa dirección depende el IPCE, adonde Alcalde llegó como subdirectora adjunta en 2022.
La participación de funcionarios como preparadores para las oposiciones al Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos es una de las muchas cuestiones que no están del todo resueltas en el seno del Ministerio de Cultura, a pesar del decreto del 95. En un cuerpo pequeño, donde todos se conocen, la línea entre la orientación académica y el conflicto de intereses puede volverse difusa. ¿Es ético que se dediquen a orientar a los estudiantes? ¿Y si tienen información privilegiada? ¿Y si se forman así grupos de influencia que luego se apoyan entre ellos a la hora de ocupar puestos superiores?
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Del IPCE al tribunal. Hasta hace unos meses, Susana Alcalde fue subdirectora general del Instituto del Patrimonio Cultural de España. Ingresó en el Cuerpo Facultativo en 2017. Ha preparado opositores al menos hasta 2023.
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Incompatibilidad legal. El Real Decreto 364/1995 prohíbe integrar tribunales a quienes hayan preparado aspirantes en los cinco años previos a la convocatoria. La vocal relevada impartió clases dentro de ese plazo, lo que ha obligado a rehacer el órgano.
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«Renuncia» exprés. El BOE recoge la salida como una «renuncia». El Ministerio de Cultura no ha ofrecido explicaciones públicas. El relevo llega apenas dos semanas después de publicarse la convocatoria, ya con el proceso en marcha.
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Polémica previa. El proceso anterior terminó con recursos de alzada por supuestas irregularidades en la constitución de tribunales y en los criterios de corrección. Los aspirantes deberán acudir a la vía contenciosa.
El decreto habla de un plazo de cinco años, pero fuentes consultadas apuntan a que en muchas ocasiones realizan esta labor sin que conste de manera oficial. Son profesores, pero ejercen en academias privadas, con cierta opacidad, y entonces pueden entrar a formar parte de los tribunales calificadores sin ningún impedimento. En el caso de Alcalde, ABC ha podido consultar un documento de Comisiones Obreras en las que ella salía como docente junto a Paloma Sánchez –a quien relacionan con Isaac Sastre– en unos cursos ofrecidos por la Fundación Formación y Empleo.
En la resolución publicada el 3 de febrero por el que se designaba el órgano de selección del proceso selectivo, Alcalde figuraba como vocal suplente del tribunal. Ayer se publicó en el BOE una modificación que designa a Leticia García de Ceca Sánchez como sustituta de la ex número uno del IPCE.
Convocatoria recurrida
La convocatoria de este año prevé cubrir 54 plazas por turno libre y 29 por promoción interna. En la resuelta a finales del año pasado quedaron vacantes, por segundo año consecutivo, en torno al 40 por ciento de las plazas ofertadas. Una veintena de opositores envió una carta a Ángeles Albert, directora general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, denunciando irregularidades: tribunales constituidos sin presidente o secretario, criterios de corrección poco transparentes, un número elevado de suspensos y posibles agravios comparativos. Entre los hechos señalados figura la coincidencia de determinados miembros del tribunal en sesiones en las que nadie aprobó.
Al menos una docena de estos afectados presentaron recursos de alzada, pero la relación de aprobados ya ha sido aprobada en el BOE. La vía que queda es la contencioso-administrativa, un proceso que tarda años en resolverse; esto es, cuando el problema deba resolverlo otro ministro. Interpelado en el Congreso, Urtasun aseguró que no ha detectado irregularidades y que una tasa de vacantes en torno al 40 por ciento es «absolutamente normal».
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