Autores y editores alertan de un nuevo ‘caso fotocopias’ en colegios e institutos

A nadie se le ocurre pensar que un colegio no pague la luz. Sin luz, no hay clases. Sin mesas ni sillas, tampoco. Y si el profesor no cobra, no hay profesor. En esa cadena solo hay uno que no cobra por su trabajo: el que escribe los libros que luego se fotocopian para los alumnos, el autor cuyos textos se cuelgan en intranets escolares para trabajar con ellos. Pasa lo mismo en las escuelas de música: si se paga por el violín, ¿por qué no por la partitura? La denuncia la formulan la Asociación Colegial de Escritores (ACE) y la Asociación Española de Editores de Música (Aedem). Ambas sostienen que la Administración –Gobierno y comunidades autónomas– no está abonando los derechos de autor derivados de esos usos educativos.En los últimos meses, las dos entidades han remitido sendas cartas al Ejecutivo. ACE lo hizo en noviembre. En esa misiva explicaba al secretario de Estado que los creadores no reciben remuneración «ni por su reproducción o copia, ni por la distribución interna a los alumnos, ni por la puesta a disposición digital en las intranets». Ese mismo mes, Aedem escribió al Ministerio de Cultura para advertir de que «la utilización de copias ilegales en los centros musicales españoles es masiva y continuada». Tres meses después, aseguran, no han obtenido respuesta.«Nuestra carta está firmada por catorce asociaciones», afirma Manuel Rico , presidente de ACE. «Pedimos transparencia: saber qué materiales se utilizan en colegios e institutos y, a partir de ahí, negociar, como se ha hecho en otros países europeos, un canon por el uso de obras sujetas a derechos de autor». Rico aclara que no se refiere a los manuales oficiales, sino a materiales complementarios: fotocopias de ensayos o novelas –de Miguel Delibes, de José Luis Sampedro, de cualquier otro autor– que se comparten en plataformas digitales como si fueran páginas pirata.Noticia relacionada No No La IA escribe como tu autor preferido porque piratea sus libros Jaime G. Mora«Son remuneraciones mínimas», añade. Las gestiona Cedro –la entidad de gestión de derechos de autores y editores– y «a veces van al fondo social que cubre ayudas para la compra de gafas o el arreglo de dentaduras». Las bibliotecas públicas, explica, sí abonan una compensación por el préstamo. «En el conjunto del Estado se pagan en torno a 130.000 euros anuales. En Alemania o Francia la cifra supera los 14 millones», señala Rico. De lo que se trata, resume, es de cumplir la ley. Aunque las competencias educativas están transferidas, ACE se ha dirigido a la Secretaría de Estado por su función coordinadora.Agravios comparativosTambién espera respuesta Yolanda Guasch , de Aedem. «Editamos partituras para estudios de piano o violín, dirigidas sobre todo a conservatorios y centros musicales. Sin partitura no hay estudio posible». Cita composiciones de autores como Manuel Blancafort o Jordi Cervelló. «Si un centro quiere utilizar obras protegidas, debe contratar una licencia. Si se paga por el software, por las plataformas o por las pantallas, ¿por qué el creador tiene que regalar su trabajo? La cultura no puede ser el único sector donde se espera que el trabajo sea gratuito», zanja Guasch. Han solicitado reuniones con el Ministerio de Cultura. «Ahí se ha quedado todo. No sabemos nada».En su carta, Aedem advierte de que estos usos se producen «en entornos cerrados» donde los titulares de derechos no pueden controlar la utilización de sus obras. Y denuncia el «agravio comparativo» entre los centros que cumplen la ley y los que la incumplen sin consecuencias. Hablan de más de tres décadas de desatención de la ley de Propiedad Intelectual. Y, según su percepción, la práctica va en aumento. Reclaman una respuesta «firme y coordinada».«La cultura no puede ser el único sector donde se espera que el trabajo sea gratuito»ACE y Aedem subrayan que lo que piden no es más que la aplicación de un derecho reconocido por el artículo 167 de la ley. Los usuarios –en este caso, el sector público– deben informar de los usos de obras protegidas y remunerarlos. Es lo que ocurrió hace unos años cuando Cedro demandó a varias universidades por el caso de las fotocopias. Los centros se negaban a pagar la licencia correspondiente por el uso de contenidos en sus campus virtuales y, tras años de litigio, se llegó a un acuerdo. Ahora la CRUE sí abona una licencia anual.Según el Observatorio de la Sostenibilidad de la Cultura de Cedro, el impacto económico de los usos que hace la administración de obras escritas podría alcanzar los 24,93 millones de euros anuales. En países como Francia (21,81 millones solo en educación), Reino Unido (27,60 millones en educación) o Noruega (17,89 millones en educación), estos sistemas están regulados. «En España se denuncia la piratería con la boca pequeña –afirma Rico–. Piratear está mal, pero luego se fomenta que los profesores lo hagan». Y eso sin contar con el «expolio» de los modelos de inteligencia artificial, incluida la gubernamental ALIA.Clipping de prensaEl desprecio a los derechos de autor no se limita a las aulas. También alcanza al ámbito del clipping, los resúmenes de prensa que nutren a ministerios y organismos públicos. La Administración permite concurrir a concursos públicos a empresas que no cuentan con la autorización de los titulares de derechos. Es el caso de Hallon, que recopila artículos y los transforma en resúmenes para venderlos a instituciones y empresas. Cedro mantiene con esta compañía un litigio abierto desde hace dos años.Pese a ello, Hallon presta servicios a entidades como el Museo del Prado, el Inaem, Renfe, Aena o la Casa del Rey. En diciembre concurrió a un concurso del Tribunal de Cuentas con la oferta mejor puntuada, aunque el organismo le requirió justificar una «presunta baja anormal» y finalmente quedó fuera. Esto genera una desventaja competitiva frente a las empresas que sí pagan licencia, sobre todo en los contratos de mayor volumen, que implican más usos y, por tanto, más derechos. «En los seguimientos más exhaustivos es donde surgen los problemas», explica una fuente del sector. «No hay una regulación clara». A nadie se le ocurre pensar que un colegio no pague la luz. Sin luz, no hay clases. Sin mesas ni sillas, tampoco. Y si el profesor no cobra, no hay profesor. En esa cadena solo hay uno que no cobra por su trabajo: el que escribe los libros que luego se fotocopian para los alumnos, el autor cuyos textos se cuelgan en intranets escolares para trabajar con ellos. Pasa lo mismo en las escuelas de música: si se paga por el violín, ¿por qué no por la partitura? La denuncia la formulan la Asociación Colegial de Escritores (ACE) y la Asociación Española de Editores de Música (Aedem). Ambas sostienen que la Administración –Gobierno y comunidades autónomas– no está abonando los derechos de autor derivados de esos usos educativos.En los últimos meses, las dos entidades han remitido sendas cartas al Ejecutivo. ACE lo hizo en noviembre. En esa misiva explicaba al secretario de Estado que los creadores no reciben remuneración «ni por su reproducción o copia, ni por la distribución interna a los alumnos, ni por la puesta a disposición digital en las intranets». Ese mismo mes, Aedem escribió al Ministerio de Cultura para advertir de que «la utilización de copias ilegales en los centros musicales españoles es masiva y continuada». Tres meses después, aseguran, no han obtenido respuesta.«Nuestra carta está firmada por catorce asociaciones», afirma Manuel Rico , presidente de ACE. «Pedimos transparencia: saber qué materiales se utilizan en colegios e institutos y, a partir de ahí, negociar, como se ha hecho en otros países europeos, un canon por el uso de obras sujetas a derechos de autor». Rico aclara que no se refiere a los manuales oficiales, sino a materiales complementarios: fotocopias de ensayos o novelas –de Miguel Delibes, de José Luis Sampedro, de cualquier otro autor– que se comparten en plataformas digitales como si fueran páginas pirata.Noticia relacionada No No La IA escribe como tu autor preferido porque piratea sus libros Jaime G. Mora«Son remuneraciones mínimas», añade. Las gestiona Cedro –la entidad de gestión de derechos de autores y editores– y «a veces van al fondo social que cubre ayudas para la compra de gafas o el arreglo de dentaduras». Las bibliotecas públicas, explica, sí abonan una compensación por el préstamo. «En el conjunto del Estado se pagan en torno a 130.000 euros anuales. En Alemania o Francia la cifra supera los 14 millones», señala Rico. De lo que se trata, resume, es de cumplir la ley. Aunque las competencias educativas están transferidas, ACE se ha dirigido a la Secretaría de Estado por su función coordinadora.Agravios comparativosTambién espera respuesta Yolanda Guasch , de Aedem. «Editamos partituras para estudios de piano o violín, dirigidas sobre todo a conservatorios y centros musicales. Sin partitura no hay estudio posible». Cita composiciones de autores como Manuel Blancafort o Jordi Cervelló. «Si un centro quiere utilizar obras protegidas, debe contratar una licencia. Si se paga por el software, por las plataformas o por las pantallas, ¿por qué el creador tiene que regalar su trabajo? La cultura no puede ser el único sector donde se espera que el trabajo sea gratuito», zanja Guasch. Han solicitado reuniones con el Ministerio de Cultura. «Ahí se ha quedado todo. No sabemos nada».En su carta, Aedem advierte de que estos usos se producen «en entornos cerrados» donde los titulares de derechos no pueden controlar la utilización de sus obras. Y denuncia el «agravio comparativo» entre los centros que cumplen la ley y los que la incumplen sin consecuencias. Hablan de más de tres décadas de desatención de la ley de Propiedad Intelectual. Y, según su percepción, la práctica va en aumento. Reclaman una respuesta «firme y coordinada».«La cultura no puede ser el único sector donde se espera que el trabajo sea gratuito»ACE y Aedem subrayan que lo que piden no es más que la aplicación de un derecho reconocido por el artículo 167 de la ley. Los usuarios –en este caso, el sector público– deben informar de los usos de obras protegidas y remunerarlos. Es lo que ocurrió hace unos años cuando Cedro demandó a varias universidades por el caso de las fotocopias. Los centros se negaban a pagar la licencia correspondiente por el uso de contenidos en sus campus virtuales y, tras años de litigio, se llegó a un acuerdo. Ahora la CRUE sí abona una licencia anual.Según el Observatorio de la Sostenibilidad de la Cultura de Cedro, el impacto económico de los usos que hace la administración de obras escritas podría alcanzar los 24,93 millones de euros anuales. En países como Francia (21,81 millones solo en educación), Reino Unido (27,60 millones en educación) o Noruega (17,89 millones en educación), estos sistemas están regulados. «En España se denuncia la piratería con la boca pequeña –afirma Rico–. Piratear está mal, pero luego se fomenta que los profesores lo hagan». Y eso sin contar con el «expolio» de los modelos de inteligencia artificial, incluida la gubernamental ALIA.Clipping de prensaEl desprecio a los derechos de autor no se limita a las aulas. También alcanza al ámbito del clipping, los resúmenes de prensa que nutren a ministerios y organismos públicos. La Administración permite concurrir a concursos públicos a empresas que no cuentan con la autorización de los titulares de derechos. Es el caso de Hallon, que recopila artículos y los transforma en resúmenes para venderlos a instituciones y empresas. Cedro mantiene con esta compañía un litigio abierto desde hace dos años.Pese a ello, Hallon presta servicios a entidades como el Museo del Prado, el Inaem, Renfe, Aena o la Casa del Rey. En diciembre concurrió a un concurso del Tribunal de Cuentas con la oferta mejor puntuada, aunque el organismo le requirió justificar una «presunta baja anormal» y finalmente quedó fuera. Esto genera una desventaja competitiva frente a las empresas que sí pagan licencia, sobre todo en los contratos de mayor volumen, que implican más usos y, por tanto, más derechos. «En los seguimientos más exhaustivos es donde surgen los problemas», explica una fuente del sector. «No hay una regulación clara».  

A nadie se le ocurre pensar que un colegio no pague la luz. Sin luz, no hay clases. Sin mesas ni sillas, tampoco. Y si el profesor no cobra, no hay profesor. En esa cadena solo hay uno que no cobra por su trabajo: el … que escribe los libros que luego se fotocopian para los alumnos, el autor cuyos textos se cuelgan en intranets escolares para trabajar con ellos. Pasa lo mismo en las escuelas de música: si se paga por el violín, ¿por qué no por la partitura? La denuncia la formulan la Asociación Colegial de Escritores (ACE) y la Asociación Española de Editores de Música (Aedem). Ambas sostienen que la Administración –Gobierno y comunidades autónomas– no está abonando los derechos de autor derivados de esos usos educativos.

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