Fuentes oficiales del Ministerio de Cultura han reconocido a ABC que el motivo del cese de Diego Fernández como director de la Fundación Instituto de Cultura Gitana en junio de 2025 fue por «una pérdida de confianza» derivada del presunto fraude en el cobro de dietas. Cuando se produjo la destitución Cultura no informó públicamente de los motivos. Argumentan que «se dijo donde se tenía que decir». Sostienen que, pese a que el primer informe interno es de noviembre de 2024, no fue hasta 2025 cuando «se detectaron gastos que no cuadraban durante el proceso de justificación de los gastos de 2023». Los cuantifican en solo «1.630 euros de los 350.000 euros que recibe el Instituto del Ministerio de Cultura anualmente». Los tres informes desvelados por ABC aseveran que el fraude comenzó en 2009 y fue sistemático, pero no lo cuantifican exactamente, sino que solicitaron que se remitiera a la Fiscalía, al margen de señalar otros presuntos delitos, además del del de apropiación indebida, como es el de falsedad documental para justificar las subvenciones. Cultura argumenta que «se solicitó un informe al órgano encargado de la tramitación y revisión de la justificación y de la gestión económica de esta entidad, el Centro de Coordinación de Industrias Culturales, que fue remitido a la Inspección de Servicios». Este organismo «indicó que debían llevarse a cabo los reintegros oportunos, actuación que se encuentra en curso». Noticia relacionada general No No La factura de la Casa Gomis ya supera los 9,2 millones Jaime G. MoraTambién que «realizado el primer paso, se podía elevar el tema a otras instancias de considerarse necesario». Pero que «antes de llegar a este punto, la Fiscalía Provincial de Madrid ha solicitado información, que ya ha sido remitida». Como adelantó este diario, tuvo que ser la Autoridad Independiente de Protección del Informante quien enviara el caso al Ministerio Fiscal. «Ante la pérdida de confianza en la dirección del Instituto, en junio del 2025 se cesa de su cargo a Diego Fernández . Finalizado ya el proceso de concurso abierto para designar a una nueva persona titular de la dirección, el Instituto cuenta ya con un nuevo director», comunican las mismas fuentes.Las alarmas comenzaron a saltar en las cuentas del año 2023, lo que propició que los gestores de la Fundación Instituto de Cultura de Gitana trataran de justificar las subvenciones modificando facturas y hasta correos electrónicos que llamaron la atención de los técnicos del ministerio que revisaron las cuentas y encontraron responsabilidades directas en la gerente, Soraya Giménez , a la que el departamento de Ernest Urtasun mantiene en el cargo: «En un viaje de ida y vuelta de Soraya Giménez a una reunión para avanzar en el expediente de solicitud de Cultura gitana como patrimonio cultural inmaterial de la Humanidad con la asesora del área de relaciones institucionales en Valencia, que según datos de la caja pagadora se realizó el 20 de marzo, se aporta como justificante un hilo de correos en el que el último correo en el que la asesora confirma la reunión vienen con fecha de 16 de marzo, si bien responde a un correo que la trabajadora de la Fundación remitió el 13 de abril.La gerente «responde» el 16 de marzo de 2023 a un mail que recibió el 13 de abril de 2023.Es decir, la reunión no se habría confirmado hasta casi un mes después de su celebración, lo que hizo creer a los inspectores que las citas de trabajo eran ficticias y servían para cobrar las dietas de desplazamientos, motivo por el que instaron al Ministerio de Cultura a dar traslado del caso a la Fiscalía. «Por estas razones se considera la posibilidad de la manipulación de las fechas para concordar con las dietas de kilometraje presentadas, pudiendo presuntamente haberse producido falsedad documental». La actual gerente no lo hizo sólo una vez, pues este informe relata cómo trató de justificar su presencia el 2 de mayo de 2023 en la inauguración de la cuarta edición del MOVA (Muestra de cultura, creación artística y cine sobre Diversidad sexual de identidad y Género) en Valencia aportando «de nuevo un justificante con correos cuyas fechas aparecen manipuladas ». El primer informe interno ya denunciaba la gravedad de estos hechos: «La entrega de documentación presuntamente falseada para justificar la subvención recibida supone una falta de extrema gravedad. Esta cuestión debe ser trasladada al órgano sancionador del Ministerio de Cultura para que valore la oportunidad de elevar el caso a sanción». El vocal asesor del Gabinete de la Secretaría de Estado de Cultura concluyó que había que poner estos hechos en conocimiento de la Intervención Delegada del ministerio, el organismo de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que controla la gestión económica y financiera en cada departamento ministerial. Estas conclusiones fueron trasladadas al Centro de Coordinación de Industrias Culturales, que emitió un tercer informe el 12 de junio de 2025 y lo trasladó a la Subsecretaría de Cultura, encabezada por Carmen Paéz Soria , la misma alto cargo que lidera el patronato de la Fundación Gitana.El último informe interno al que ha tenido acceso este diario, datado el 2123 de junio de 2025, sostiene que los afectados deberían devolver 73.000 euros que corresponden solo a los presuntos fraudes detectados en los ejercicios 2020, 2022 y 2023, incluido el pago irregular a la contable de la entidad. Los inspectores detectaron que el fraude era sistemático desde 2009, pero los ejercicios pasados habrían prescrito. Fuentes oficiales del Ministerio de Cultura han reconocido a ABC que el motivo del cese de Diego Fernández como director de la Fundación Instituto de Cultura Gitana en junio de 2025 fue por «una pérdida de confianza» derivada del presunto fraude en el cobro de dietas. Cuando se produjo la destitución Cultura no informó públicamente de los motivos. Argumentan que «se dijo donde se tenía que decir». Sostienen que, pese a que el primer informe interno es de noviembre de 2024, no fue hasta 2025 cuando «se detectaron gastos que no cuadraban durante el proceso de justificación de los gastos de 2023». Los cuantifican en solo «1.630 euros de los 350.000 euros que recibe el Instituto del Ministerio de Cultura anualmente». Los tres informes desvelados por ABC aseveran que el fraude comenzó en 2009 y fue sistemático, pero no lo cuantifican exactamente, sino que solicitaron que se remitiera a la Fiscalía, al margen de señalar otros presuntos delitos, además del del de apropiación indebida, como es el de falsedad documental para justificar las subvenciones. Cultura argumenta que «se solicitó un informe al órgano encargado de la tramitación y revisión de la justificación y de la gestión económica de esta entidad, el Centro de Coordinación de Industrias Culturales, que fue remitido a la Inspección de Servicios». Este organismo «indicó que debían llevarse a cabo los reintegros oportunos, actuación que se encuentra en curso». Noticia relacionada general No No La factura de la Casa Gomis ya supera los 9,2 millones Jaime G. MoraTambién que «realizado el primer paso, se podía elevar el tema a otras instancias de considerarse necesario». Pero que «antes de llegar a este punto, la Fiscalía Provincial de Madrid ha solicitado información, que ya ha sido remitida». Como adelantó este diario, tuvo que ser la Autoridad Independiente de Protección del Informante quien enviara el caso al Ministerio Fiscal. «Ante la pérdida de confianza en la dirección del Instituto, en junio del 2025 se cesa de su cargo a Diego Fernández . Finalizado ya el proceso de concurso abierto para designar a una nueva persona titular de la dirección, el Instituto cuenta ya con un nuevo director», comunican las mismas fuentes.Las alarmas comenzaron a saltar en las cuentas del año 2023, lo que propició que los gestores de la Fundación Instituto de Cultura de Gitana trataran de justificar las subvenciones modificando facturas y hasta correos electrónicos que llamaron la atención de los técnicos del ministerio que revisaron las cuentas y encontraron responsabilidades directas en la gerente, Soraya Giménez , a la que el departamento de Ernest Urtasun mantiene en el cargo: «En un viaje de ida y vuelta de Soraya Giménez a una reunión para avanzar en el expediente de solicitud de Cultura gitana como patrimonio cultural inmaterial de la Humanidad con la asesora del área de relaciones institucionales en Valencia, que según datos de la caja pagadora se realizó el 20 de marzo, se aporta como justificante un hilo de correos en el que el último correo en el que la asesora confirma la reunión vienen con fecha de 16 de marzo, si bien responde a un correo que la trabajadora de la Fundación remitió el 13 de abril.La gerente «responde» el 16 de marzo de 2023 a un mail que recibió el 13 de abril de 2023.Es decir, la reunión no se habría confirmado hasta casi un mes después de su celebración, lo que hizo creer a los inspectores que las citas de trabajo eran ficticias y servían para cobrar las dietas de desplazamientos, motivo por el que instaron al Ministerio de Cultura a dar traslado del caso a la Fiscalía. «Por estas razones se considera la posibilidad de la manipulación de las fechas para concordar con las dietas de kilometraje presentadas, pudiendo presuntamente haberse producido falsedad documental». La actual gerente no lo hizo sólo una vez, pues este informe relata cómo trató de justificar su presencia el 2 de mayo de 2023 en la inauguración de la cuarta edición del MOVA (Muestra de cultura, creación artística y cine sobre Diversidad sexual de identidad y Género) en Valencia aportando «de nuevo un justificante con correos cuyas fechas aparecen manipuladas ». El primer informe interno ya denunciaba la gravedad de estos hechos: «La entrega de documentación presuntamente falseada para justificar la subvención recibida supone una falta de extrema gravedad. Esta cuestión debe ser trasladada al órgano sancionador del Ministerio de Cultura para que valore la oportunidad de elevar el caso a sanción». El vocal asesor del Gabinete de la Secretaría de Estado de Cultura concluyó que había que poner estos hechos en conocimiento de la Intervención Delegada del ministerio, el organismo de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que controla la gestión económica y financiera en cada departamento ministerial. Estas conclusiones fueron trasladadas al Centro de Coordinación de Industrias Culturales, que emitió un tercer informe el 12 de junio de 2025 y lo trasladó a la Subsecretaría de Cultura, encabezada por Carmen Paéz Soria , la misma alto cargo que lidera el patronato de la Fundación Gitana.El último informe interno al que ha tenido acceso este diario, datado el 2123 de junio de 2025, sostiene que los afectados deberían devolver 73.000 euros que corresponden solo a los presuntos fraudes detectados en los ejercicios 2020, 2022 y 2023, incluido el pago irregular a la contable de la entidad. Los inspectores detectaron que el fraude era sistemático desde 2009, pero los ejercicios pasados habrían prescrito.
Fuentes oficiales del Ministerio de Cultura han reconocido a ABC que el motivo del cese de Diego Fernández como director de la Fundación Instituto de Cultura Gitana en junio de 2025 fue por «una pérdida de confianza» derivada del presunto fraude en el … cobro de dietas. Cuando se produjo la destitución Cultura no informó públicamente de los motivos. Argumentan que «se dijo donde se tenía que decir». Sostienen que, pese a que el primer informe interno es de noviembre de 2024, no fue hasta 2025 cuando «se detectaron gastos que no cuadraban durante el proceso de justificación de los gastos de 2023». Los cuantifican en solo «1.630 euros de los 350.000 euros que recibe el Instituto del Ministerio de Cultura anualmente».
Los tres informes desvelados por ABC aseveran que el fraude comenzó en 2009 y fue sistemático, pero no lo cuantifican exactamente, sino que solicitaron que se remitiera a la Fiscalía, al margen de señalar otros presuntos delitos, además del del de apropiación indebida, como es el de falsedad documental para justificar las subvenciones. Cultura argumenta que «se solicitó un informe al órgano encargado de la tramitación y revisión de la justificación y de la gestión económica de esta entidad, el Centro de Coordinación de Industrias Culturales, que fue remitido a la Inspección de Servicios». Este organismo «indicó que debían llevarse a cabo los reintegros oportunos, actuación que se encuentra en curso».
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Jaime G. Mora
También que «realizado el primer paso, se podía elevar el tema a otras instancias de considerarse necesario». Pero que «antes de llegar a este punto, la Fiscalía Provincial de Madrid ha solicitado información, que ya ha sido remitida». Como adelantó este diario, tuvo que ser la Autoridad Independiente de Protección del Informante quien enviara el caso al Ministerio Fiscal.
«Ante la pérdida de confianza en la dirección del Instituto, en junio del 2025 se cesa de su cargo a Diego Fernández. Finalizado ya el proceso de concurso abierto para designar a una nueva persona titular de la dirección, el Instituto cuenta ya con un nuevo director», comunican las mismas fuentes.
Las alarmas comenzaron a saltar en las cuentas del año 2023, lo que propició que los gestores de la Fundación Instituto de Cultura de Gitana trataran de justificar las subvenciones modificando facturas y hasta correos electrónicos que llamaron la atención de los técnicos del ministerio que revisaron las cuentas y encontraron responsabilidades directas en la gerente, Soraya Giménez, a la que el departamento de Ernest Urtasun mantiene en el cargo: «En un viaje de ida y vuelta de Soraya Giménez a una reunión para avanzar en el expediente de solicitud de Cultura gitana como patrimonio cultural inmaterial de la Humanidad con la asesora del área de relaciones institucionales en Valencia, que según datos de la caja pagadora se realizó el 20 de marzo, se aporta como justificante un hilo de correos en el que el último correo en el que la asesora confirma la reunión vienen con fecha de 16 de marzo, si bien responde a un correo que la trabajadora de la Fundación remitió el 13 de abril.
Es decir, la reunión no se habría confirmado hasta casi un mes después de su celebración, lo que hizo creer a los inspectores que las citas de trabajo eran ficticias y servían para cobrar las dietas de desplazamientos, motivo por el que instaron al Ministerio de Cultura a dar traslado del caso a la Fiscalía. «Por estas razones se considera la posibilidad de la manipulación de las fechas para concordar con las dietas de kilometraje presentadas, pudiendo presuntamente haberse producido falsedad documental». La actual gerente no lo hizo sólo una vez, pues este informe relata cómo trató de justificar su presencia el 2 de mayo de 2023 en la inauguración de la cuarta edición del MOVA (Muestra de cultura, creación artística y cine sobre Diversidad sexual de identidad y Género) en Valencia aportando «de nuevo un justificante con correos cuyas fechas aparecen manipuladas». El primer informe interno ya denunciaba la gravedad de estos hechos: «La entrega de documentación presuntamente falseada para justificar la subvención recibida supone una falta de extrema gravedad. Esta cuestión debe ser trasladada al órgano sancionador del Ministerio de Cultura para que valore la oportunidad de elevar el caso a sanción».
El vocal asesor del Gabinete de la Secretaría de Estado de Cultura concluyó que había que poner estos hechos en conocimiento de la Intervención Delegada del ministerio, el organismo de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que controla la gestión económica y financiera en cada departamento ministerial. Estas conclusiones fueron trasladadas al Centro de Coordinación de Industrias Culturales, que emitió un tercer informe el 12 de junio de 2025 y lo trasladó a la Subsecretaría de Cultura, encabezada por Carmen Paéz Soria, la misma alto cargo que lidera el patronato de la Fundación Gitana.
El último informe interno al que ha tenido acceso este diario, datado el 2123 de junio de 2025, sostiene que los afectados deberían devolver 73.000 euros que corresponden solo a los presuntos fraudes detectados en los ejercicios 2020, 2022 y 2023, incluido el pago irregular a la contable de la entidad. Los inspectores detectaron que el fraude era sistemático desde 2009, pero los ejercicios pasados habrían prescrito.
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