Solo dos políticos, dos valientes y comprometidos aficionados, han mostrado un verdadero interés por la fiesta de los toros en la etapa democrática de este país. Juan Antonio Arévalo (Valladolid, 1935-2022), senador socialista, apasionado de la política y el toro, promotor de la Ley 10/1991 de 4 de abril sobre Potestades Administrativas de los espectáculos taurinos, el primer intento serio de defender la integridad y la lucha contra el fraude; y Juan Manuel Albendea, diputado del PP desde 1996 hasta 2015, fallecido el mismo año que su compañero, impulsor desde la Comisión de Cultura del Congreso, de la que entonces era presidente, de la Ley 18/2013, de 12 de noviembre, para la regulación de la tauromaquia como patrimonio cultural, nacida de una Iniciativa Legislativa Popular.
Cuando Arévalo abandonó el Senado en 2000, la integridad del espectáculo dejó de ser una prioridad para las autoridades; y Albendea vivió en su propia carne la desafección de su partido hacia el cumplimiento de la ley que acababa de aprobar en el Parlamento.
Y ahí acabó la relación entre los toros y la política. A los representantes de la soberanía popular solo les ha interesado la fiesta como reclamo electoral y, en todo caso, como cómodo y gratuito plató para lucirse en los callejones.
La integridad y el fraude ya no interesan, y el patrimonio cultural, tampoco.
Los políticos adeptos pecan de grave incoherencia sin remordimiento alguno. Ninguna de las comunidades autónomas taurinas de Castilla-La Mancha (PSOE), País Vasco (PNV-PSOE), Navarra (PSOE-Geroa Bai) y las populares de Valencia, Madrid, Murcia, Castilla y León, La Rioja, Andalucía y Extremadura gestiona las competencias taurinas desde la Consejería de Cultura: las esconden en Presidencia, Interior, Salud, Espectáculos, etc., y solo Aragón, también gobernada por el PP, las incluye en el departamento de Presidencia, Interior y Cultura.
El PSOE, con las opiniones divididas en su seno, opta por la tibieza y solo cuando ha atisbado consecuencias electorales en Andalucía ha frenado en seco una ILP que podría perjudicar sus intereses.
Y los contrarios a la fiesta, no tienen motivo para el disgusto por la derrota parlamentaria. El dato del antitaurino Ministerio de Cultura es concluyente: las plazas están cada vez más vacías, lo que hace suponer que en poco tiempo no será necesaria ninguna prohibición.
En definitiva, la mayoría de los políticos que gobierna huye de la tauromaquia como el toro manso que busca el refugio de la dehesa; algunos lavan su conciencia con muy escasas subvenciones, irrisorias en relación con las que perciben otros sectores culturales, y el resto quiere acabar con ella.
Ninguno —y, a veces, ni los propios toreros, como Morante de la Puebla, que brindó su último toro al presidente de Vox— quiere entender que la tauromaquia no es un asunto ideológico, sino de respeto a la libertad de millones de personas.
Durante la reciente historia democrática de España ningún partido ha mostrado un sincero interés por la tauromaquia
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos
Durante la reciente historia democrática de España ningún partido ha mostrado un sincero interés por la tauromaquia
Solo dos políticos, dos valientes y comprometidos aficionados, han mostrado un verdadero interés por la fiesta de los toros en la etapa democrática de este país. Juan Antonio Arévalo (Valladolid, 1935-2022), senador socialista, apasionado de la política y el toro, promotor de la Ley 10/1991 de 4 de abril sobre Potestades Administrativas de los espectáculos taurinos, el primer intento serio de defender la integridad y la lucha contra el fraude; y Juan Manuel Albendea, diputado del PP desde 1996 hasta 2015, fallecido el mismo año que su compañero, impulsor desde la Comisión de Cultura del Congreso, de la que entonces era presidente, de la Ley 18/2013, de 12 de noviembre, para la regulación de la tauromaquia como patrimonio cultural, nacida de una Iniciativa Legislativa Popular.
Cuando Arévalo abandonó el Senado en 2000, la integridad del espectáculo dejó de ser una prioridad para las autoridades; y Albendea vivió en su propia carne la desafección de su partido hacia el cumplimiento de la ley que acababa de aprobar en el Parlamento.
Y ahí acabó la relación entre los toros y la política. A los representantes de la soberanía popular solo les ha interesado la fiesta como reclamo electoral y, en todo caso, como cómodo y gratuito plató para lucirse en los callejones.
La integridad y el fraude ya no interesan, y el patrimonio cultural, tampoco.
Los políticos adeptos pecan de grave incoherencia sin remordimiento alguno. Ninguna de las comunidades autónomas taurinas de Castilla-La Mancha (PSOE), País Vasco (PNV-PSOE), Navarra (PSOE-Geroa Bai) y las populares de Valencia, Madrid, Murcia, Castilla y León, La Rioja, Andalucía y Extremadura gestiona las competencias taurinas desde la Consejería de Cultura: las esconden en Presidencia, Interior, Salud, Espectáculos, etc., y solo Aragón, también gobernada por el PP, las incluye en el departamento de Presidencia, Interior y Cultura.
El PSOE, con las opiniones divididas en su seno, opta por la tibieza y solo cuando ha atisbado consecuencias electorales en Andalucía ha frenado en seco una ILP que podría perjudicar sus intereses.
Y los contrarios a la fiesta, no tienen motivo para el disgusto por la derrota parlamentaria. El dato del antitaurino Ministerio de Cultura es concluyente: las plazas están cada vez más vacías, lo que hace suponer que en poco tiempo no será necesaria ninguna prohibición.
En definitiva, la mayoría de los políticos que gobierna huye de la tauromaquia como el toro manso que busca el refugio de la dehesa; algunos lavan su conciencia con muy escasas subvenciones, irrisorias en relación con las que perciben otros sectores culturales, y el resto quiere acabar con ella.
Ninguno —y, a veces, ni los propios toreros, como Morante de la Puebla, que brindó su último toro al presidente de Vox— quiere entender que la tauromaquia no es un asunto ideológico, sino de respeto a la libertad de millones de personas.
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Sobre la firma
Es colaborador taurino de EL PAÍS desde 1992. Nació en Sevilla y estudió Ciencias de la Información en Madrid. Ha trabajado en ‘El Correo de Andalucía’ y en la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA). Ha publicado dos libros sobre los diestros Pepe Luis Vargas y Pepe Luis Vázquez.
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