El pasado lunes, la comisión promotora de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) llamada No es mi Cultura presentó en la Oficina del Censo Electoral de Madrid 715.606 firmas para pedir al Congreso de los Diputados que derogue la ley 18/2013 de 12 de noviembre que regula la tauromaquia como patrimonio cultural. Lo que pretenden los firmantes es que las comunidades autónomas puedan prohibir los espectáculos taurinos una vez que estos dejen de estar amparados por la Constitución al perder su condición cultural y, como tal, no sean más que un espectáculo público.
Téngase en cuenta que en este momento todas las competencias taurinas están conferidas a las comunidades autónomas, que pueden regular los festejos (de hecho, cuentan con reglamento taurino propio Andalucía, Aragón, Castilla y León, País Vasco y Navarra), pero no prohibirlos o desnaturalizarlos. Por esta razón, el Tribunal Constitucional anuló la ley catalana que prohibía las corridas de toros y la norma balear contra el maltrato a los animales.
¿Qué sucederá, entonces, si se aprueba la propuesta de la ILP No es mi Cultura?
De entrada, está por ver que se apruebe, y que, en su caso, el texto final recoja el objetivo de los promotores.
De las 154 ILP presentadas desde 1984, solo dos fueron avaladas por el Parlamento con modificaciones, y otras dos quedaron incorporadas en otras normas
La participación ciudadana en la vida pública está reconocida en el número 2 del artículo 9 de la Constitución Española, y la Iniciativa Legislativa Popular está regulada por una ley orgánica de abril de 1984.
Pero no es fácil que una propuesta surgida de un grupo social alcance rango de ley; de hecho, de las 154 iniciativas populares presentadas desde 1984 solo dos de ellas fueron avaladas por el Parlamento con modificaciones y otras dos quedaron incorporadas en otras normas.
Una de las que tuvo suerte fue la ILP presentada por la Federación de Entidades Taurinas de Cataluña en marzo de 2012, que pretendía que la tauromaquia fuera declarada Bien de Interés Cultural (BIC). Una suerte a medias, porque la mayoría absoluta del PP en aquel momento modificó el texto, suprimió el BIC y redujo la tauromaquia a patrimonio cultural.
La propuesta se presentó en marzo de 2012 y la ley fue aprobada en noviembre de 2013. Un año y casi nueve meses de trámites parlamentarios sin que hubiera escollos partidistas en el camino.
En este momento, se desconoce cuál será el recorrido temporal de la ILP antitaurina, si bien podría encontrarse con un grave obstáculo, cual es la secular ambigüedad taurina del PSOE, que en todas las votaciones parlamentarias sobre esta materia siempre se ha decantado por la abstención.
Pero es más, el pasado mes de mayo, con motivo de una moción presentada en el Senado por el PP para instar al Gobierno a convocar de nuevo el Premio Nacional de Tauromaquia, los socialistas hicieron una defensa cerrada del mundo taurino. “El PSOE aclara, anuncia y determina que no solamente respeta la tauromaquia, sino que, como legalmente se recoge en el ordenamiento jurídico, la vamos a seguir ayudando y manteniendo”, afirmó entonces el senador Alfonso Moscoso.
En consecuencia, si el PSOE se abstuviera, como también hizo en esa sesión de la Cámara Alta a pesar de su declaración de amor, la ILP antitaurina volvería a la casilla de salida; es decir, la tauromaquia seguiría siendo patrimonio cultural.
¿Pero qué sucedería si el Gobierno de Pedro Sánchez cambia de opinión por imposición de alguno de sus socios, —Junts, por ejemplo— que decidiera utilizar el voto a favor de la ILP como pago de alguna contrapartida política de mayor calado? ¿Se prohibirían los toros?
No. La aprobación parlamentaria de la ILP antitaurina sería, en primer lugar, una victoria de los firmantes y un paso atrás de la tauromaquia, que perdería el blindaje que le concede su consideración como patrimonio cultural. Se supone que los toros saldrían del Ministerio de Cultura y volverían a Interior, lo que no supondría ningún quebranto más allá de la satisfacción personal del ministro Ernest Urtasun, si es que continua en el cargo para entonces. Sería un triunfo moral de los promotores de la ILP, como lo fue en su día la aprobación de la tauromaquia como patrimonio cultural, un título honorífico de muy escasa repercusión práctica en el desarrollo de los festejos.
Claro que, entonces, las Comunidades Autónomas sí podrían prohibir los toros en sus territorios, facultad que hoy impide la protección legal del patrimonio cultural. Pero tampoco es esta una tarea sencilla con la realidad política de 2025.
Un hipotético triunfo de la ILP antitaurina sería un paso atrás de la fiesta de los toros, pero con escasos efectos prácticos con el mapa autonómico actual
Habría que tener en cuenta, en primer lugar, las fuerzas políticas que gobiernan en cada una de ellas y el arraigo de la tauromaquia en los distintos territorios.
Hoy, en febrero de 2025, el Partido Popular gobierna en once comunidades (Madrid, Andalucía, Extremadura, Murcia, Galicia, Cantabria, Castilla y León, La Rioja, Aragón, Valencia y Baleares); el PSOE, en Castilla-La Mancha, Cataluña, Asturias, Navarra, y en el País Vasco, en coalición con PNV; y Coalición Canaria en archipiélago canario.
De todos ellos, los territorios con menos tradición taurina son las Islas Canarias, donde no se celebran festejos, aunque no están prohibidos; Galicia (dos espectáculos en 2023), Asturias (4) y Baleares (1).
Descartada la posibilidad de que el PP prohíba los toros allá donde gobierna, tampoco parece probable que cambie de opinión el gobierno socialista y taurino de Castilla-La Mancha, o que se suspendan los sanfermines de Pamplona o se atente con la arraigada tradición taurina de muchas localidades vascas.
Una vez reunidas las firmas exigidas, lo que no ha debido ser nada fácil, comienza el camino parlamentario, que se prevé largo (fuentes del PP aseguran que hasta septiembre no comenzarán los trámites en el Congreso) y tortuoso, por la ambigua posición del grupo socialista.
Mientras tanto, el sector taurino guarda silencio, y espera que las próximas ferias de Sevilla y San Isidro confirmen que la tauromaquia goza de una espléndida salud en las taquillas.
La pregunta está en el aire: ¿qué pasará? No se sabe, pero la vida da muchas vueltas, y algunas de ellas verdaderamente inesperadas. Quién sabe si la euforia de los promotores de la ILP no acaba dentro de unos meses en una triste frustración. No se olvide que a lo largo de la historia personajes de muy alto rango han intentado acabar con la fiesta de los toros, y ahí sigue viva y coleando.
Inmersa en problemas, pero muy viva a pesar de que no cuente con un solo parlamentario que lidere la defensa de la tauromaquia con el respeto, la ilusión y la pasión que merecen los muchos espectadores que acuden cada año a las plazas.
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Si la propuesta es admitida a trámite por el pleno del Congreso de los Diputados, solo saldría adelante si el PSOE, que siempre se ha abstenido en materia taurina, la vota favorablemente
El pasado lunes, la comisión promotora de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) llamada No es mi Cultura presentó en la Oficina del Censo Electoral de Madrid 715.606 firmas para pedir al Congreso de los Diputados que derogue la ley 18/2013 de 12 de noviembre que regula la tauromaquia como patrimonio cultural. Lo que pretenden los firmantes es que las comunidades autónomas puedan prohibir los espectáculos taurinos una vez que estos dejen de estar amparados por la Constitución al perder su condición cultural y, como tal, no sean más que un espectáculo público.
Téngase en cuenta que en este momento todas las competencias taurinas están conferidas a las comunidades autónomas, que pueden regular los festejos (de hecho, cuentan con reglamento taurino propio Andalucía, Aragón, Castilla y León, País Vasco y Navarra), pero no prohibirlos o desnaturalizarlos. Por esta razón, el Tribunal Constitucional anuló la ley catalana que prohibía las corridas de toros y la norma balear contra el maltrato a los animales.
¿Qué sucederá, entonces, si se aprueba la propuesta de la ILP No es mi Cultura?
De entrada, está por ver que se apruebe, y que, en su caso, el texto final recoja el objetivo de los promotores.
De las 154 ILP presentadas desde 1984, solo dos fueron avaladas por el Parlamento con modificaciones, y otras dos quedaron incorporadas en otras normas
La participación ciudadana en la vida pública está reconocida en el número 2 del artículo 9 de la Constitución Española, y la Iniciativa Legislativa Popular está regulada por una ley orgánica de abril de 1984.
Pero no es fácil que una propuesta surgida de un grupo social alcance rango de ley; de hecho, de las 154 iniciativas populares presentadas desde 1984 solo dos de ellas fueron avaladas por el Parlamento con modificaciones y otras dos quedaron incorporadas en otras normas.
Una de las que tuvo suerte fue la ILP presentada por la Federación de Entidades Taurinas de Cataluña en marzo de 2012, que pretendía que la tauromaquia fuera declarada Bien de Interés Cultural (BIC). Una suerte a medias, porque la mayoría absoluta del PP en aquel momento modificó el texto, suprimió el BIC y redujo la tauromaquia a patrimonio cultural.
La propuesta se presentó en marzo de 2012 y la ley fue aprobada en noviembre de 2013. Un año y casi nueve meses de trámites parlamentarios sin que hubiera escollos partidistas en el camino.
En este momento, se desconoce cuál será el recorrido temporal de la ILP antitaurina, si bien podría encontrarse con un grave obstáculo, cual es la secular ambigüedad taurina del PSOE, que en todas las votaciones parlamentarias sobre esta materia siempre se ha decantado por la abstención.
Pero es más, el pasado mes de mayo, con motivo de una moción presentada en el Senado por el PP para instar al Gobierno a convocar de nuevo el Premio Nacional de Tauromaquia, los socialistas hicieron una defensa cerrada del mundo taurino. “El PSOE aclara, anuncia y determina que no solamente respeta la tauromaquia, sino que, como legalmente se recoge en el ordenamiento jurídico, la vamos a seguir ayudando y manteniendo”, afirmó entonces el senador Alfonso Moscoso.
En consecuencia, si el PSOE se abstuviera, como también hizo en esa sesión de la Cámara Alta a pesar de su declaración de amor, la ILP antitaurina volvería a la casilla de salida; es decir, la tauromaquia seguiría siendo patrimonio cultural.
¿Pero qué sucedería si el Gobierno de Pedro Sánchez cambia de opinión por imposición de alguno de sus socios, —Junts, por ejemplo— que decidiera utilizar el voto a favor de la ILP como pago de alguna contrapartida política de mayor calado? ¿Se prohibirían los toros?
No. La aprobación parlamentaria de la ILP antitaurina sería, en primer lugar, una victoria de los firmantes y un paso atrás de la tauromaquia, que perdería el blindaje que le concede su consideración como patrimonio cultural. Se supone que los toros saldrían del Ministerio de Cultura y volverían a Interior, lo que no supondría ningún quebranto más allá de la satisfacción personal del ministro Ernest Urtasun, si es que continua en el cargo para entonces. Sería un triunfo moral de los promotores de la ILP, como lo fue en su día la aprobación de la tauromaquia como patrimonio cultural, un título honorífico de muy escasa repercusión práctica en el desarrollo de los festejos.
Claro que, entonces, las Comunidades Autónomas sí podrían prohibir los toros en sus territorios, facultad que hoy impide la protección legal del patrimonio cultural. Pero tampoco es esta una tarea sencilla con la realidad política de 2025.
Un hipotético triunfo de la ILP antitaurina sería un paso atrás de la fiesta de los toros, pero con escasos efectos prácticos con el mapa autonómico actual
Habría que tener en cuenta, en primer lugar, las fuerzas políticas que gobiernan en cada una de ellas y el arraigo de la tauromaquia en los distintos territorios.
Hoy, en febrero de 2025, el Partido Popular gobierna en once comunidades (Madrid, Andalucía, Extremadura, Murcia, Galicia, Cantabria, Castilla y León, La Rioja, Aragón, Valencia y Baleares); el PSOE, en Castilla-La Mancha, Cataluña, Asturias, Navarra, y en el País Vasco, en coalición con PNV; y Coalición Canaria en archipiélago canario.
De todos ellos, los territorios con menos tradición taurina son las Islas Canarias, donde no se celebran festejos, aunque no están prohibidos; Galicia (dos espectáculos en 2023), Asturias (4) y Baleares (1).
Descartada la posibilidad de que el PP prohíba los toros allá donde gobierna, tampoco parece probable que cambie de opinión el gobierno socialista y taurino de Castilla-La Mancha, o que se suspendan los sanfermines de Pamplona o se atente con la arraigada tradición taurina de muchas localidades vascas.
Una vez reunidas las firmas exigidas, lo que no ha debido ser nada fácil, comienza el camino parlamentario, que se prevé largo (fuentes del PP aseguran que hasta septiembre no comenzarán los trámites en el Congreso) y tortuoso, por la ambigua posición del grupo socialista.
Mientras tanto, el sector taurino guarda silencio, y espera que las próximas ferias de Sevilla y San Isidro confirmen que la tauromaquia goza de una espléndida salud en las taquillas.
La pregunta está en el aire: ¿qué pasará? No se sabe, pero la vida da muchas vueltas, y algunas de ellas verdaderamente inesperadas. Quién sabe si la euforia de los promotores de la ILP no acaba dentro de unos meses en una triste frustración. No se olvide que a lo largo de la historia personajes de muy alto rango han intentado acabar con la fiesta de los toros, y ahí sigue viva y coleando.
Inmersa en problemas, pero muy viva a pesar de que no cuente con un solo parlamentario que lidere la defensa de la tauromaquia con el respeto, la ilusión y la pasión que merecen los muchos espectadores que acuden cada año a las plazas.
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