La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) “No es mi cultura” ha sido oficialmente validada por la Junta Electoral Central con 664.777 firmas certificadas. Con ello, la Mesa del Congreso deberá incluirla en el orden del día en un plazo máximo de seis meses, para debatir su toma en consideración como proposición de ley. De obtener mayoría en esa votación, comenzaría la tramitación parlamentaria de una norma que busca eliminar la protección jurídica estatal de la tauromaquia como Patrimonio Cultural, reconocida por la Ley 18/2013.
La ILP, impulsada por la plataforma animalista “No es mi cultura”, no plantea una prohibición directa de los toros, pero sí propone derogar el marco legal que obliga a los poderes públicos a preservar y fomentar esta manifestación cultural. De aprobarse, devolvería a comunidades autónomas y ayuntamientos la plena competencia para regular o prohibir los espectáculos taurinos, rompiendo el blindaje estatal actual.
El PSOE, en el centro de la decisión
El abogado sevillano Joaquín G. Moeckel, uno de los juristas más comprometidos con la defensa legal de la tauromaquia, ha señalado con claridad el factor decisivo en este proceso: “El éxito o no de la ILP antitaurina está en manos del PSOE”. En declaraciones a Aplausos, Moeckel considera que el PP difícilmente apoyará una derogación de una ley que él mismo impulsó en 2013, y plantea que lo más justo sería dar libertad de voto a los diputados socialistas: “La cultura es tan grande y tan amplia que no se puede imponer”, afirma.
El letrado advierte de las consecuencias prácticas si la ley es derogada: “Desaparecería una norma importante que declara a la tauromaquia como Patrimonio Cultural de los españoles y que obliga a los poderes públicos a promoverla y defenderla. Si esa norma desaparece, ninguna administración tendría ya esa obligación, y la Fiesta quedaría jurídicamente mucho más expuesta”.
Además, Moeckel denuncia el uso instrumental del procedimiento: “Se ha hecho un uso torticero de la ILP. Está pensada para promover leyes desde la ciudadanía, no para derogarlas. Esta iniciativa invalida el espíritu de la democracia directa y se convierte en una coartada política, donde se busca legitimar decisiones controvertidas en nombre del pueblo”.
Más que una ley, una batalla cultural
Desde su aprobación en 2013, la ley que protege la tauromaquia como patrimonio cultural ha servido como columna vertebral jurídica frente a intentos de prohibición, censura o retirada de ayudas en distintas autonomías y municipios. Su derogación supondría un antes y un después: permitiría a los gobiernos regionales legislar en sentido contrario al espíritu de la norma estatal, como ya ocurrió en Cataluña, y despojaría al sector de uno de sus principales marcos de defensa.
La ILP ha sido promovida por colectivos animalistas con el respaldo político de Podemos, Alianza Verde, PACMA y otros actores vinculados al activismo antitaurino. Más allá del texto legal, el objetivo es claro: debilitar la legitimidad simbólica y cultural de la tauromaquia, despojándola de su reconocimiento como bien cultural de interés general.
Un debate inevitable
El Congreso, con esta iniciativa sobre la mesa, se verá obligado a debatir uno de los temas más polarizantes de la cultura española. El toreo, una vez más, se convierte en campo de batalla ideológico, donde convergen sensibilidades culturales, visiones sobre el bienestar animal, principios democráticos y estrategias partidistas.
Lo que está en juego no es solo una ley, sino el lugar que la tauromaquia ocupa en la estructura cultural y legal del país. La próxima cita en el Pleno del Congreso marcará el tono de una discusión que volverá a poner a prueba la fortaleza política, jurídica y social del mundo del toro. Y, como recuerda Moeckel, lo que decida el PSOE será determinante.
Más de 660.000 firmas respaldan una iniciativa que busca derogar la ley que reconoce el toreo como patrimonio cultural; el futuro de la propuesta está en manos del PSOE
La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) “No es mi cultura” ha sido oficialmente validada por la Junta Electoral Central con 664.777 firmas certificadas. Con ello, la Mesa del Congreso deberá incluirla en el orden del día en un plazo máximo de seis meses, para debatir su toma en consideración como proposición de ley. De obtener mayoría en esa votación, comenzaría la tramitación parlamentaria de una norma que busca eliminar la protección jurídica estatal de la tauromaquia como Patrimonio Cultural, reconocida por la Ley 18/2013.
La ILP, impulsada por la plataforma animalista “No es mi cultura”, no plantea una prohibición directa de los toros, pero sí propone derogar el marco legal que obliga a los poderes públicos a preservar y fomentar esta manifestación cultural. De aprobarse, devolvería a comunidades autónomas y ayuntamientos la plena competencia para regular o prohibir los espectáculos taurinos, rompiendo el blindaje estatal actual.
El PSOE, en el centro de la decisión
El abogado sevillano Joaquín G. Moeckel, uno de los juristas más comprometidos con la defensa legal de la tauromaquia, ha señalado con claridad el factor decisivo en este proceso: “El éxito o no de la ILP antitaurina está en manos del PSOE”. En declaraciones a Aplausos, Moeckel considera que el PP difícilmente apoyará una derogación de una ley que él mismo impulsó en 2013, y plantea que lo más justo sería dar libertad de voto a los diputados socialistas: “La cultura es tan grande y tan amplia que no se puede imponer”, afirma.
El letrado advierte de las consecuencias prácticas si la ley es derogada: “Desaparecería una norma importante que declara a la tauromaquia como Patrimonio Cultural de los españoles y que obliga a los poderes públicos a promoverla y defenderla. Si esa norma desaparece, ninguna administración tendría ya esa obligación, y la Fiesta quedaría jurídicamente mucho más expuesta”.
Además, Moeckel denuncia el uso instrumental del procedimiento: “Se ha hecho un uso torticero de la ILP. Está pensada para promover leyes desde la ciudadanía, no para derogarlas. Esta iniciativa invalida el espíritu de la democracia directa y se convierte en una coartada política, donde se busca legitimar decisiones controvertidas en nombre del pueblo”.
Más que una ley, una batalla cultural
Desde su aprobación en 2013, la ley que protege la tauromaquia como patrimonio cultural ha servido como columna vertebral jurídica frente a intentos de prohibición, censura o retirada de ayudas en distintas autonomías y municipios. Su derogación supondría un antes y un después: permitiría a los gobiernos regionales legislar en sentido contrario al espíritu de la norma estatal, como ya ocurrió en Cataluña, y despojaría al sector de uno de sus principales marcos de defensa.
La ILP ha sido promovida por colectivos animalistas con el respaldo político de Podemos, Alianza Verde, PACMA y otros actores vinculados al activismo antitaurino. Más allá del texto legal, el objetivo es claro: debilitar la legitimidad simbólica y cultural de la tauromaquia, despojándola de su reconocimiento como bien cultural de interés general.
Un debate inevitable
El Congreso, con esta iniciativa sobre la mesa, se verá obligado a debatir uno de los temas más polarizantes de la cultura española. El toreo, una vez más, se convierte en campo de batalla ideológico, donde convergen sensibilidades culturales, visiones sobre el bienestar animal, principios democráticos y estrategias partidistas.
Lo que está en juego no es solo una ley, sino el lugar que la tauromaquia ocupa en la estructura cultural y legal del país. La próxima cita en el Pleno del Congreso marcará el tono de una discusión que volverá a poner a prueba la fortaleza política, jurídica y social del mundo del toro. Y, como recuerda Moeckel, lo que decida el PSOE será determinante.
Toros y actualidad taurina en La Razón