Como ya avanzó ABC, el Consejo de Estado ha pedido la supresión del artículo 13 del decreto con el que los ministerios de Trabajo y Cultura pretendían regular el uso de inteligencia artificial que afecte a la imagen y la voz de los intérpretes. El dictamen, al que ha tenido acceso este diario, zanja que esa regulación exige rango de ley orgánica, por lo que requiere un procedimiento legislativo con mayoría absoluta y debate en Cortes. El informe, fechado el 25 de junio de 2026, valora aspectos positivos del proyecto –modernización del sector, protección de menores, figura del «coordinador de la intimidad»–, pero traza una línea roja en torno al artículo 13, tal y como pretendía regularlo Yolanda Díaz . El órgano consultivo pide su supresión al entender que un reglamento laboral no puede disciplinar derechos protegidos por el artículo 81.1 de la Constitución. El dictamen subraya que esta previsión incorporada al proyecto del Estatuto del Artista afecta a derechos fundamentales –intimidad, propia imagen, voz, protección de datos– sujetos a reserva de ley orgánica. La regulación, insiste, debe integrarse en una norma de rango orgánico, con un procedimiento más riguroso. El Consejo de Estado señala que el lugar adecuado es el proyecto de ley orgánica de buen uso y gobernanza de la inteligencia artificial .El artículo 13 , que había puesto a buena parte del sector de uñas contra el decreto, autorizaba el uso de IA generativa en contratos artísticos solo para crear contenidos vinculados a la imagen, voz o aportación del artista dentro de la obra para la que fue contratado. Permitía réplicas digitales siempre que se mantuviera significativamente la interpretación original y no se sustituyera la participación del artista, y condicionaba cualquier uso fuera de ese ámbito a acuerdo expreso por escrito y remuneración diferenciada. Varias entidades de gestión de derechos de autor y grupos autorales alegaron que se estaba modificando la ley de Propiedad Intelectual por la puerta de atrás. La patronal y los sindicatos, con todo, sí habían conseguido ponerse más o menos de acuerdo, en un «consenso imperfecto». Ese equilibrio, ya frágil, queda ahora en suspenso.Vacío reguladorEl dictamen también critica la tramitación del decreto: señala que el expediente se remitió con carácter urgente sin justificar la urgencia y que faltaban informes administrativos esenciales. La memoria de impacto normativo, además, incluye costes de forma poco justificada: por ejemplo, cuantifica en 500 euros por empresa el coste de incluir cláusulas de IA generativa en los contratos, sin explicar cómo llegó a esa cifra. Además, el Consejo advierte del riesgo de contradicción normativa, dado que ya está en tramitación un proyecto de ley orgánica sobre inteligencia artificial. El informe recuerda la conveniencia de un marco general que fije principios y evite normas parciales que puedan entrar en conflicto con una futura ley de mayor rango. Y pide suprimir el punto relativo al silencio administrativo en las autorizaciones para que menores trabajen en espectáculos. El Consejo recuerda también que España aún no tiene una ley orgánica que discipline el uso de la IA generativa. El propio órgano consultivo dictaminó en mayo sobre el anteproyecto llamado a cubrir ese vacío –ahora ya proyecto de ley orgánica en el Congreso– y logró entonces que se declararan orgánicos los preceptos que tocan derechos fundamentales. Pero avisa de que ese texto, tal y como está redactado, no contiene ninguna previsión específica sobre el uso de IA para recrear la voz o la imagen de los artistas. La futura ley no sirve, de momento, de cobertura automática al artículo 13.España aún no tiene una ley orgánica que discipline el uso de la IA generativaCon este dictamen sobre la mesa, Trabajo ya ha comunicado a las entidades del sector que retirará el precepto del decreto y buscará su encaje «al carril parlamentario». Fuentes del sector entendieron que esto supondría su incorporación vía enmienda a alguna ley en tramitación, pero Junts ya ha avisado de que no está por la labor de dar su sí, imprescindible, a las iniciativas del Gobierno. La exigencia de una mayoría absoluta complica aún más el escenario. El dictamen recomienda además fusionar en una sola comisión las dos previstas en las disposiciones adicionales segunda y tercera –de composición y funciones casi idénticas–, para evitar duplicidades. Y censura el régimen de entrada en vigor: una ‘vacatio legis’ escalonada, con plazos de hasta nueve meses según el precepto, y una retroactividad de grado medio que, avisa, solo generarán más incertidumbre jurídica. El organismo, eso sí, no pone reparos al artículo 12, que remite a la ley de Propiedad Intelectual la regulación de los derechos de los artistas y obliga a las empresas a reflejar en la nómina, de forma separada, la remuneración por la cesión de derechos no gestionados colectivamente. Buena parte del sector había pedido eliminar también este precepto, al considerar que invadía materias reservadas a ley ordinaria y orgánica. El Consejo, en este punto, no aprecia invasión competencial.Trabajo tiene intención de elevar el decreto al Consejo de Ministros lo antes posible, tras incorporar las correccionesEsta situación dinamita el frágil acuerdo al que habían llegado, tras meses de negociaciones, patronal y sindicatos. Las empresas, que a través de la Asociación de Productores Audiovisuales (PATE) habían unificado criterios, temen un vacío que pueda llegar a paralizar rodajes. Los sindicatos –esencialmente la Unión de Actores y Actrices– defendían que este era un acuerdo de mínimos a partir del cual poder seguir negociando: esto era mejor que nada, defendían. El dictamen concluye que, una vez incorporadas las correcciones señaladas, el texto puede elevarse al Consejo de Ministros. Trabajo tiene intención de aprobar el decreto lo antes posible, tras incorporar las correcciones. Esta es la segunda vez que a Yolanda Díaz y Ernest Urtasun se les atraganta la inteligencia artificial: el año pasado, el Ministerio de Cultura tuvo que retirar otro decreto sobre licencias colectivas por las diferencias irreconciliables entre las entidades del sector. Como ya avanzó ABC, el Consejo de Estado ha pedido la supresión del artículo 13 del decreto con el que los ministerios de Trabajo y Cultura pretendían regular el uso de inteligencia artificial que afecte a la imagen y la voz de los intérpretes. El dictamen, al que ha tenido acceso este diario, zanja que esa regulación exige rango de ley orgánica, por lo que requiere un procedimiento legislativo con mayoría absoluta y debate en Cortes. El informe, fechado el 25 de junio de 2026, valora aspectos positivos del proyecto –modernización del sector, protección de menores, figura del «coordinador de la intimidad»–, pero traza una línea roja en torno al artículo 13, tal y como pretendía regularlo Yolanda Díaz . El órgano consultivo pide su supresión al entender que un reglamento laboral no puede disciplinar derechos protegidos por el artículo 81.1 de la Constitución. El dictamen subraya que esta previsión incorporada al proyecto del Estatuto del Artista afecta a derechos fundamentales –intimidad, propia imagen, voz, protección de datos– sujetos a reserva de ley orgánica. La regulación, insiste, debe integrarse en una norma de rango orgánico, con un procedimiento más riguroso. El Consejo de Estado señala que el lugar adecuado es el proyecto de ley orgánica de buen uso y gobernanza de la inteligencia artificial .El artículo 13 , que había puesto a buena parte del sector de uñas contra el decreto, autorizaba el uso de IA generativa en contratos artísticos solo para crear contenidos vinculados a la imagen, voz o aportación del artista dentro de la obra para la que fue contratado. Permitía réplicas digitales siempre que se mantuviera significativamente la interpretación original y no se sustituyera la participación del artista, y condicionaba cualquier uso fuera de ese ámbito a acuerdo expreso por escrito y remuneración diferenciada. Varias entidades de gestión de derechos de autor y grupos autorales alegaron que se estaba modificando la ley de Propiedad Intelectual por la puerta de atrás. La patronal y los sindicatos, con todo, sí habían conseguido ponerse más o menos de acuerdo, en un «consenso imperfecto». Ese equilibrio, ya frágil, queda ahora en suspenso.Vacío reguladorEl dictamen también critica la tramitación del decreto: señala que el expediente se remitió con carácter urgente sin justificar la urgencia y que faltaban informes administrativos esenciales. La memoria de impacto normativo, además, incluye costes de forma poco justificada: por ejemplo, cuantifica en 500 euros por empresa el coste de incluir cláusulas de IA generativa en los contratos, sin explicar cómo llegó a esa cifra. Además, el Consejo advierte del riesgo de contradicción normativa, dado que ya está en tramitación un proyecto de ley orgánica sobre inteligencia artificial. El informe recuerda la conveniencia de un marco general que fije principios y evite normas parciales que puedan entrar en conflicto con una futura ley de mayor rango. Y pide suprimir el punto relativo al silencio administrativo en las autorizaciones para que menores trabajen en espectáculos. El Consejo recuerda también que España aún no tiene una ley orgánica que discipline el uso de la IA generativa. El propio órgano consultivo dictaminó en mayo sobre el anteproyecto llamado a cubrir ese vacío –ahora ya proyecto de ley orgánica en el Congreso– y logró entonces que se declararan orgánicos los preceptos que tocan derechos fundamentales. Pero avisa de que ese texto, tal y como está redactado, no contiene ninguna previsión específica sobre el uso de IA para recrear la voz o la imagen de los artistas. La futura ley no sirve, de momento, de cobertura automática al artículo 13.España aún no tiene una ley orgánica que discipline el uso de la IA generativaCon este dictamen sobre la mesa, Trabajo ya ha comunicado a las entidades del sector que retirará el precepto del decreto y buscará su encaje «al carril parlamentario». Fuentes del sector entendieron que esto supondría su incorporación vía enmienda a alguna ley en tramitación, pero Junts ya ha avisado de que no está por la labor de dar su sí, imprescindible, a las iniciativas del Gobierno. La exigencia de una mayoría absoluta complica aún más el escenario. El dictamen recomienda además fusionar en una sola comisión las dos previstas en las disposiciones adicionales segunda y tercera –de composición y funciones casi idénticas–, para evitar duplicidades. Y censura el régimen de entrada en vigor: una ‘vacatio legis’ escalonada, con plazos de hasta nueve meses según el precepto, y una retroactividad de grado medio que, avisa, solo generarán más incertidumbre jurídica. El organismo, eso sí, no pone reparos al artículo 12, que remite a la ley de Propiedad Intelectual la regulación de los derechos de los artistas y obliga a las empresas a reflejar en la nómina, de forma separada, la remuneración por la cesión de derechos no gestionados colectivamente. Buena parte del sector había pedido eliminar también este precepto, al considerar que invadía materias reservadas a ley ordinaria y orgánica. El Consejo, en este punto, no aprecia invasión competencial.Trabajo tiene intención de elevar el decreto al Consejo de Ministros lo antes posible, tras incorporar las correccionesEsta situación dinamita el frágil acuerdo al que habían llegado, tras meses de negociaciones, patronal y sindicatos. Las empresas, que a través de la Asociación de Productores Audiovisuales (PATE) habían unificado criterios, temen un vacío que pueda llegar a paralizar rodajes. Los sindicatos –esencialmente la Unión de Actores y Actrices– defendían que este era un acuerdo de mínimos a partir del cual poder seguir negociando: esto era mejor que nada, defendían. El dictamen concluye que, una vez incorporadas las correcciones señaladas, el texto puede elevarse al Consejo de Ministros. Trabajo tiene intención de aprobar el decreto lo antes posible, tras incorporar las correcciones. Esta es la segunda vez que a Yolanda Díaz y Ernest Urtasun se les atraganta la inteligencia artificial: el año pasado, el Ministerio de Cultura tuvo que retirar otro decreto sobre licencias colectivas por las diferencias irreconciliables entre las entidades del sector.
Como ya avanzó ABC, el Consejo de Estado ha pedido la supresión del artículo 13 del decreto con el que los ministerios de Trabajo y Cultura pretendían regular el uso de inteligencia artificial que afecte a la imagen y la voz de los intérpretes. … El dictamen, al que ha tenido acceso este diario, zanja que esa regulación exige rango de ley orgánica, por lo que requiere un procedimiento legislativo con mayoría absoluta y debate en Cortes.
El informe, fechado el 25 de junio de 2026, valora aspectos positivos del proyecto –modernización del sector, protección de menores, figura del «coordinador de la intimidad»–, pero traza una línea roja en torno al artículo 13, tal y como pretendía regularlo Yolanda Díaz. El órgano consultivo pide su supresión al entender que un reglamento laboral no puede disciplinar derechos protegidos por el artículo 81.1 de la Constitución.
El dictamen subraya que esta previsión incorporada al proyecto del Estatuto del Artista afecta a derechos fundamentales –intimidad, propia imagen, voz, protección de datos– sujetos a reserva de ley orgánica. La regulación, insiste, debe integrarse en una norma de rango orgánico, con un procedimiento más riguroso. El Consejo de Estado señala que el lugar adecuado es el proyecto de ley orgánica de buen uso y gobernanza de la inteligencia artificial.
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El artículo 13, que había puesto a buena parte del sector de uñas contra el decreto, autorizaba el uso de IA generativa en contratos artísticos solo para crear contenidos vinculados a la imagen, voz o aportación del artista dentro de la obra para la que fue contratado. Permitía réplicas digitales siempre que se mantuviera significativamente la interpretación original y no se sustituyera la participación del artista, y condicionaba cualquier uso fuera de ese ámbito a acuerdo expreso por escrito y remuneración diferenciada.
Varias entidades de gestión de derechos de autor y grupos autorales alegaron que se estaba modificando la ley de Propiedad Intelectual por la puerta de atrás. La patronal y los sindicatos, con todo, sí habían conseguido ponerse más o menos de acuerdo, en un «consenso imperfecto». Ese equilibrio, ya frágil, queda ahora en suspenso.
Vacío regulador
El dictamen también critica la tramitación del decreto: señala que el expediente se remitió con carácter urgente sin justificar la urgencia y que faltaban informes administrativos esenciales. La memoria de impacto normativo, además, incluye costes de forma poco justificada: por ejemplo, cuantifica en 500 euros por empresa el coste de incluir cláusulas de IA generativa en los contratos, sin explicar cómo llegó a esa cifra.
Además, el Consejo advierte del riesgo de contradicción normativa, dado que ya está en tramitación un proyecto de ley orgánica sobre inteligencia artificial. El informe recuerda la conveniencia de un marco general que fije principios y evite normas parciales que puedan entrar en conflicto con una futura ley de mayor rango. Y pide suprimir el punto relativo al silencio administrativo en las autorizaciones para que menores trabajen en espectáculos.
El Consejo recuerda también que España aún no tiene una ley orgánica que discipline el uso de la IA generativa. El propio órgano consultivo dictaminó en mayo sobre el anteproyecto llamado a cubrir ese vacío –ahora ya proyecto de ley orgánica en el Congreso– y logró entonces que se declararan orgánicos los preceptos que tocan derechos fundamentales. Pero avisa de que ese texto, tal y como está redactado, no contiene ninguna previsión específica sobre el uso de IA para recrear la voz o la imagen de los artistas. La futura ley no sirve, de momento, de cobertura automática al artículo 13.
España aún no tiene una ley orgánica que discipline el uso de la IA generativa
Con este dictamen sobre la mesa, Trabajo ya ha comunicado a las entidades del sector que retirará el precepto del decreto y buscará su encaje «al carril parlamentario». Fuentes del sector entendieron que esto supondría su incorporación vía enmienda a alguna ley en tramitación, pero Junts ya ha avisado de que no está por la labor de dar su sí, imprescindible, a las iniciativas del Gobierno. La exigencia de una mayoría absoluta complica aún más el escenario.
El dictamen recomienda además fusionar en una sola comisión las dos previstas en las disposiciones adicionales segunda y tercera –de composición y funciones casi idénticas–, para evitar duplicidades. Y censura el régimen de entrada en vigor: una ‘vacatio legis’ escalonada, con plazos de hasta nueve meses según el precepto, y una retroactividad de grado medio que, avisa, solo generarán más incertidumbre jurídica.
El organismo, eso sí, no pone reparos al artículo 12, que remite a la ley de Propiedad Intelectual la regulación de los derechos de los artistas y obliga a las empresas a reflejar en la nómina, de forma separada, la remuneración por la cesión de derechos no gestionados colectivamente. Buena parte del sector había pedido eliminar también este precepto, al considerar que invadía materias reservadas a ley ordinaria y orgánica. El Consejo, en este punto, no aprecia invasión competencial.
Trabajo tiene intención de elevar el decreto al Consejo de Ministros lo antes posible, tras incorporar las correcciones
Esta situación dinamita el frágil acuerdo al que habían llegado, tras meses de negociaciones, patronal y sindicatos. Las empresas, que a través de la Asociación de Productores Audiovisuales (PATE) habían unificado criterios, temen un vacío que pueda llegar a paralizar rodajes. Los sindicatos –esencialmente la Unión de Actores y Actrices– defendían que este era un acuerdo de mínimos a partir del cual poder seguir negociando: esto era mejor que nada, defendían.
El dictamen concluye que, una vez incorporadas las correcciones señaladas, el texto puede elevarse al Consejo de Ministros. Trabajo tiene intención de aprobar el decreto lo antes posible, tras incorporar las correcciones. Esta es la segunda vez que a Yolanda Díaz y Ernest Urtasun se les atraganta la inteligencia artificial: el año pasado, el Ministerio de Cultura tuvo que retirar otro decreto sobre licencias colectivas por las diferencias irreconciliables entre las entidades del sector.
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