Dos años después de que Urtasun se comprometiera a la reforma del Inaem , Cultura por fin ha comenzado a reunirse con sindicatos y directores de unidades para explicar cómo pretende hacerlo. El plan consiste en reconvertir el organismo –que gestiona el teatro, la música y la danza de producción estatal– en una entidad pública empresarial (EPE). Con esta fórmula, inédita en el ministerio, Cultura pretende eliminar la intervención previa de Hacienda, ganar margen de autofinanciación mediante mecenazgo y acuerdos con terceros y, lo más importante para este Gobierno sin mayoría parlamentaria, aprobar la reforma sin necesidad de pasar por el Congreso.La primera reunión se celebró el viernes pasado con los sindicatos. El secretario de Estado, Jordi Martí, y la directora general del Inaem, Paz Santa Cecilia, expusieron la fórmula novedosa de la EPE. No es una fundación, como el Teatro Real, ni una agencia como Madrid Destino, la fórmula que emplea el Ayuntamiento de la capital para sus teatros. Tampoco es un organismo público como el Museo del Prado o el Museo Reina Sofía. Para encontrar paralelismos hay que mirar al Instituto de Cultura de Barcelona o a la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales .UGT, CC.OO. y CSIF —los tres sindicatos presentes— aseguran que el Ministerio les trasladó que la EPE mantendría el carácter público del Inaem y, al mismo tiempo, ampliaría su autonomía de gestión. La intervención de Hacienda pasaría a ser posterior, no previa, lo que permitiría más agilidad en la contratación y en las coproducciones. Esa lentitud es uno de los males crónicos de un organismo que apenas ha cambiado desde su creación, en 1985. La reforma también abriría la puerta al mecenazgo, una reivindicación histórica del sector y promesa recurrente de varias legislaturas.Noticia relacionada No No Cultura lleva dos meses sin pagar las nóminas de una treintena de actores del Inaem Jaime G. MoraCultura sostiene que cuenta con el visto bueno de Hacienda y ha comunicado a los sindicatos que el nuevo Inaem tendría estatuto y convenio propios. El ministerio ha dado de plazo hasta finales de mes para que las centrales se pronuncien. UGT, en una nota, valora «muy positivamente» el planteamiento, aunque exige blindar la prohibición de externalizar funciones esenciales. CC.OO., por su parte, ve «más inconvenientes y problemas que ventajas», dice Neftalí Rodríguez: menos control público, entradas posiblemente más caras y un probable deterioro de las condiciones laborales a medio y largo plazo. Urtasun se ha dado un año para culminar la transformación. A CSIF este plazo se le hace «raro». Inflación de cargosLos sindicatos dudan también de que la fórmula elegida garantice de verdad el carácter público del organismo al que se comprometió Urtasun. Según la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, una EPE tiene personalidad jurídica propia, está adscrita a un ministerio y actúa en gran parte de su actividad bajo el Derecho privado. Además de las transferencias públicas, puede financiarse con ingresos propios, pero su personal suele ser laboral, no funcionario. ¿Transigirán con esto los sindicatos? La ley habilita a convertir el actual organismo autónomo en EPE puede hacerse mediante real decreto, sin pasar por el Congreso.En noviembre, Urtasun ejecutó la primera fase de la reforma con la creación de una Dirección General de Artes Escénicas y Música, a la que se transferirá la gestión administrativa del ente. El ministerio se dio dos meses para aprobar los nombramientos y desplegar la nueva relación de puestos de trabajo. Ha comenzado lo primero; lo segundo sigue pendiente. Ya hay director general, Javier Monsalve, y faltan por designar tres subdirectores. «Hemos pasado de una dirección y dos subdirecciones a dos direcciones y tres subdirecciones», comenta con sorna una fuente del ministerio. Lo que no se ha planteado por el momento es reforzar el presupuesto ni ampliar la plantilla: desde 2021 el Inaem ha pasado de 1.327 trabajadores a 976, un 26 por ciento menos. Dos años después de que Urtasun se comprometiera a la reforma del Inaem , Cultura por fin ha comenzado a reunirse con sindicatos y directores de unidades para explicar cómo pretende hacerlo. El plan consiste en reconvertir el organismo –que gestiona el teatro, la música y la danza de producción estatal– en una entidad pública empresarial (EPE). Con esta fórmula, inédita en el ministerio, Cultura pretende eliminar la intervención previa de Hacienda, ganar margen de autofinanciación mediante mecenazgo y acuerdos con terceros y, lo más importante para este Gobierno sin mayoría parlamentaria, aprobar la reforma sin necesidad de pasar por el Congreso.La primera reunión se celebró el viernes pasado con los sindicatos. El secretario de Estado, Jordi Martí, y la directora general del Inaem, Paz Santa Cecilia, expusieron la fórmula novedosa de la EPE. No es una fundación, como el Teatro Real, ni una agencia como Madrid Destino, la fórmula que emplea el Ayuntamiento de la capital para sus teatros. Tampoco es un organismo público como el Museo del Prado o el Museo Reina Sofía. Para encontrar paralelismos hay que mirar al Instituto de Cultura de Barcelona o a la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales .UGT, CC.OO. y CSIF —los tres sindicatos presentes— aseguran que el Ministerio les trasladó que la EPE mantendría el carácter público del Inaem y, al mismo tiempo, ampliaría su autonomía de gestión. La intervención de Hacienda pasaría a ser posterior, no previa, lo que permitiría más agilidad en la contratación y en las coproducciones. Esa lentitud es uno de los males crónicos de un organismo que apenas ha cambiado desde su creación, en 1985. La reforma también abriría la puerta al mecenazgo, una reivindicación histórica del sector y promesa recurrente de varias legislaturas.Noticia relacionada No No Cultura lleva dos meses sin pagar las nóminas de una treintena de actores del Inaem Jaime G. MoraCultura sostiene que cuenta con el visto bueno de Hacienda y ha comunicado a los sindicatos que el nuevo Inaem tendría estatuto y convenio propios. El ministerio ha dado de plazo hasta finales de mes para que las centrales se pronuncien. UGT, en una nota, valora «muy positivamente» el planteamiento, aunque exige blindar la prohibición de externalizar funciones esenciales. CC.OO., por su parte, ve «más inconvenientes y problemas que ventajas», dice Neftalí Rodríguez: menos control público, entradas posiblemente más caras y un probable deterioro de las condiciones laborales a medio y largo plazo. Urtasun se ha dado un año para culminar la transformación. A CSIF este plazo se le hace «raro». Inflación de cargosLos sindicatos dudan también de que la fórmula elegida garantice de verdad el carácter público del organismo al que se comprometió Urtasun. Según la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, una EPE tiene personalidad jurídica propia, está adscrita a un ministerio y actúa en gran parte de su actividad bajo el Derecho privado. Además de las transferencias públicas, puede financiarse con ingresos propios, pero su personal suele ser laboral, no funcionario. ¿Transigirán con esto los sindicatos? La ley habilita a convertir el actual organismo autónomo en EPE puede hacerse mediante real decreto, sin pasar por el Congreso.En noviembre, Urtasun ejecutó la primera fase de la reforma con la creación de una Dirección General de Artes Escénicas y Música, a la que se transferirá la gestión administrativa del ente. El ministerio se dio dos meses para aprobar los nombramientos y desplegar la nueva relación de puestos de trabajo. Ha comenzado lo primero; lo segundo sigue pendiente. Ya hay director general, Javier Monsalve, y faltan por designar tres subdirectores. «Hemos pasado de una dirección y dos subdirecciones a dos direcciones y tres subdirecciones», comenta con sorna una fuente del ministerio. Lo que no se ha planteado por el momento es reforzar el presupuesto ni ampliar la plantilla: desde 2021 el Inaem ha pasado de 1.327 trabajadores a 976, un 26 por ciento menos.
Dos años después de que Urtasun se comprometiera a la reforma del Inaem, Cultura por fin ha comenzado a reunirse con sindicatos y directores de unidades para explicar cómo pretende hacerlo. El plan consiste en reconvertir el organismo –que gestiona el teatro, la música … y la danza de producción estatal– en una entidad pública empresarial (EPE). Con esta fórmula, inédita en el ministerio, Cultura pretende eliminar la intervención previa de Hacienda, ganar margen de autofinanciación mediante mecenazgo y acuerdos con terceros y, lo más importante para este Gobierno sin mayoría parlamentaria, aprobar la reforma sin necesidad de pasar por el Congreso.
La primera reunión se celebró el viernes pasado con los sindicatos. El secretario de Estado, Jordi Martí, y la directora general del Inaem, Paz Santa Cecilia, expusieron la fórmula novedosa de la EPE. No es una fundación, como el Teatro Real, ni una agencia como Madrid Destino, la fórmula que emplea el Ayuntamiento de la capital para sus teatros. Tampoco es un organismo público como el Museo del Prado o el Museo Reina Sofía. Para encontrar paralelismos hay que mirar al Instituto de Cultura de Barcelona o a la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales.
UGT, CC.OO. y CSIF —los tres sindicatos presentes— aseguran que el Ministerio les trasladó que la EPE mantendría el carácter público del Inaem y, al mismo tiempo, ampliaría su autonomía de gestión. La intervención de Hacienda pasaría a ser posterior, no previa, lo que permitiría más agilidad en la contratación y en las coproducciones. Esa lentitud es uno de los males crónicos de un organismo que apenas ha cambiado desde su creación, en 1985. La reforma también abriría la puerta al mecenazgo, una reivindicación histórica del sector y promesa recurrente de varias legislaturas.
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Jaime G. Mora
Cultura sostiene que cuenta con el visto bueno de Hacienda y ha comunicado a los sindicatos que el nuevo Inaem tendría estatuto y convenio propios. El ministerio ha dado de plazo hasta finales de mes para que las centrales se pronuncien. UGT ha valorado «muy positivamente» el planteamiento, aunque exige blindar la prohibición de externalizar funciones esenciales. CC.OO. ha recibido estas novedades con «cautela y prudencia». Urtasun se ha dado un año para culminar la transformación. A CSIF este plazo se le hace «raro».
Inflación de cargos
Ahora mismo, las dudas sindicales se concentran en si la fórmula elegida garantiza de verdad el carácter público del organismo al que se comprometió Urtasun. Según la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, una EPE tiene personalidad jurídica propia, está adscrita a un ministerio y actúa en gran parte de su actividad bajo el Derecho privado. Además de las transferencias públicas, puede financiarse con ingresos propios, pero su personal suele ser laboral, no funcionario. ¿Transigirán con esto los sindicatos? La ley habilita a convertir el actual organismo autónomo en EPE puede hacerse mediante real decreto, sin pasar por el Congreso.
En noviembre, Urtasun ejecutó la primera fase de la reforma con la creación de una Dirección General de Artes Escénicas y Música, a la que se transferirá la gestión administrativa del ente. El ministerio se dio dos meses para aprobar los nombramientos y desplegar la nueva relación de puestos de trabajo. Ha comenzado lo primero; lo segundo sigue pendiente. Ya hay director general, Javier Monsalve, y faltan por designar tres subdirectores. «Hemos pasado de una dirección y dos subdirecciones a dos direcciones y tres subdirecciones», comenta con sorna una fuente del ministerio.
Lo que no se ha planteado por el momento es reforzar el presupuesto ni ampliar la plantilla: desde 2021 el Inaem ha pasado de 1.327 trabajadores a 976, un 26 por ciento menos.
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