El siglo XXI rima con memoria. Se trata, sin lugar a dudas, de una de las palabras más mentadas en los medios y en las discusiones ciudadanas, sin olvidar, está claro, otras como ‘crisis’, ‘independencia’ o ‘corrupción’. Lo cultural se funde, en este terreno, con lo político y lo social. La emergencia e imposición de una memoria bautizada, según la ocasión, como histórica o democrática, constituye uno de los fenómenos más relevantes de la España de las últimas tres décadas. Dos leyes han sido aprobadas durante las etapas de gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez , respectivamente, conocidas como ‘de Memoria Histórica’ (Ley 52/2007) y ‘Memoria Democrática’ (Ley 20/2022). A estas normas deben añadirse nuevas autoridades y cargos, leyes autonómicas o locales y la creación de caros entes memorialísticos.Engañadlos a todos, el Estado elegirá a los suyos , por Pedro Corral La grieta en la legitimidad , por Jesús García Calero La memoria desmemoriada , por Alfonso J. UssíaAunque el caso español posea algunas características propias, nos encontramos ante una cuestión globalmente occidental. A mediados de la década postrera de la centuria pasada, Tzvetan Todorov llamó ya la atención sobre los abusos de memoria . Años después, tratando de los excesos en la construcción de una identidad europea y el lugar en ella de las víctimas, Tony Judt aseveraba que la memoria es «intrínsecamente polémica y sesgada», además de «mala consejera en lo que al pasado se refiere». La memoria, en cuanto realidad construida, es siempre conflictiva, interesada y mudable. Como asegura David Rieff, solo es aconsejable si sirve a la resolución del conflicto y no a su perpetuación.Sin máculaLas alusiones a pesados pasados o a pasados sucios han proliferado. No existen, empero, pasados inmaculados, ni aquí ni en ningún lugar, ni ahora ni en ninguna época. Lo más normal son los más o menos sucios, en donde solamente varían los distintos y peculiares grados de suciedad y la voluntad y las maneras de ocultarlos, adecentarlos o limpiarlos desde cada presente. El caso español no resulta excepcional: una intensa y devastadora guerra fratricida, tras una Segunda República agitada y antes de una dictadura militar. En torno a la memoria denominada histórica o democrática se han acumulado un buen número de equívocos y abusos, implícitos o explícitos, más o menos inocentes en ocasiones y, las más de las veces, intencionados y conscientes. La memoria es algo singular, pero las memorias histórica o democrática solamente pueden conjugarse en plural. Son poliédricas. La construcción de una única memoria constituye con frecuencia un ejercicio de exclusión y falsa unanimidad de tintes totalizadores –e, incluso, totalitarios–. La recuperación de la memoria ha llegado a conformar en España una nueva identidad cívica o civil: una suerte de ideología política de sustitución frente a otras ideologías de izquierda ya prácticamente agotadas. No debiera ser una suplencia esteticista de la política, ni un atributo del Estado, ni un sustituto de la justicia. La Comisión de la Verdad, que va a presidir el exjuez Baltasar Garzón , supone un despropósito.«La Piedad» de la basílica de Cuelgamuros recibiendo los últimos retoques de Juan de ÁvalosHistoria y memoria no son lo mismo, aunque de forma frecuente, por desconocimiento o de forma deliberada, se confundan, subsumiendo la primera en la segunda. Todo acaba siendo, en el fondo, memoria . Mientras que la primera intenta comprender las razones que explican el pasado a partir del pasado, evitando anacronismos, la segunda, en cambio, impugna ese pasado desde preocupaciones, valores y sensibilidades presentes, alecciona sobre cómo debía haber sido –desde la ideología y la ventaja de saber cómo terminó– y construye una génesis democrática en función de sus intereses políticos de hoy. El caso del Valle de los Caídos resulta elocuente. Como escribiera Jacques Le Goff , la memoria «solamente busca salvar el pasado para servir al presente y al futuro». Rememorar y conocer son cosas distintas.No hay memoria histórica, en puridad, pero la memoria constituye un fenómeno histórico y un objeto de historia. La memoria se ha impuesto y lo contamina todo, casi siempre con fines ideológicos y políticos. Controlar la memoria es una cuestión de poder. Las políticas de memoria, al fin y al cabo, ofrecen vías de subversión del presente. Se han convertido en sinónimo de división y no de convivencia y consenso. En la denominada ‘memoria histórica’ o ‘democrática’, el pasado es lo de menos. Se trata, en realidad, de una batalla por el presente y el futuro. No parece en absoluto pertinente que desde las leyes se imponga un relato del pasado. El legislador no puede ocupar el lugar del historiador, ni menos fijar la historia oficial y única.Si el viejo régimen no había concluido, algunos interpretaron que se abría la posibilidad de cerrarlo tal como debería haberse cerrado a través de una nueva memoria oficialUna de las principales concreciones, si tratamos de memoria en el siglo XXI en España, ha sido sin duda el Memorial Democrático de Cataluña. Este empezó a perfilarse tras las elecciones autonómicas de 2003 y posterior formación del Tripartito de Pasqual Maragall . En el pacto de los socialistas con los independentistas de ERC y con los izquierdistas verdes de Iniciativa, estos últimos decidieron centrarse en la batalla por la memoria. Desde su entorno político, activista e historiográfico, se acabó gestando el Memorial, en 2007, que juntó cinco funciones: la voluntad de dominio ideológico de la memoria, la imposición de una historia maniquea de la Cataluña novecentista, la construcción territorial y académica de clientelas, un rol inquisitorial y el reparto de mucho dinero. Con el fracaso del segundo Tripartito y la llegada de Artur Mas a la Generalitat, en 2010, el organismo quedó en modo pausa. Se ha convertido, por encima de todo, en una repartidora de bienvenidas migajas.Comoquiera que sea, varias razones han sido expuestas a la hora de explicar el auge en España de la denominada memoria histórica o democrática en la primera década de la centuria: desde la impresión causada por la apertura de las primeras fosas y el giro forense, hasta la presión del movimiento de recuperación de la memoria histórica, sin olvidar la importación de modelos exteriores o los cambios representados por la emergencia de los denominados nietos de la guerra. Seguramente haya un poco de todo ello. Lo cierto es que, desde 1993, el pasado volvió al terreno político y rebrotó en la campaña electoral de 1996, entre invocaciones al franquismo y dóbermans amenazantes. La segunda legislatura del Partido Popular de José María Aznar en el poder exacerbó los ánimos. La implicación española en la guerra de Irak fue leída como una decisión autoritaria frente a una movilización popular en contra profundamente democrática. De ahí a identificar al centro-derecha y la derecha como una rediviva dictadura que enlazaba con 1975 había un pequeño paso, que se dio. Si el viejo régimen no había concluido, algunos interpretaron que se abría la posibilidad de cerrarlo tal como debería haberse cerrado a través de una nueva memoria oficial.Demócratas de toda la vidaHablar de memoria democrática significa establecer una vinculación directa entre el hoy democrático y el ayer republicano, introduciendo la idea según la cual todo el antifranquismo era democrático. Así se convierte a los anarquistas, comunistas y algún que otro socialista de los años treinta y cuarenta en demócratas de toda la vida. Defensa de la república o antifascismo no equivalen automáticamente a defensa de la democracia. La operación de blanqueo –o, si se quiere, de olvido, puesto que no hay memoria sin grandes olvidos interesados– de una porción del pasado resulta patente. Ni unos ni otros lucharon nunca por la democracia. La defensa de lo que quedaba de la legalidad republicana frente a los sublevados de 1936 no constituyó una simple oposición entre democracia y fascismo. Las víctimas se igualan con lo democrático , aunque muchas no tuvieran nada de demócratas o cargaran con más de un asesinato o torturas a sus espaldas. Están, desde la memoria oficial y el presentismo del presente, en el lado bueno de la historia .Con la ideología memorialística, en España se impugna y denigra la Transición democrática, acusada de franquista o hecha por instituciones o actores de la dictadura. La Transición democrática, cuestionada más por parte de intelectuales y políticos populistas que por la ciudadanía en general, no fue ni pudo ser perfecta, aunque sí modélica en muchos sentidos. Se avanzó poco a poco, en medio de enormes problemas. A pesar de todo, la Transición se impuso y nos abrió las puertas al mayor periodo de libertad y democracia de toda nuestra historia. Resulta demasiado cómodo, desde el presente, afirmar que las cosas podían haberse hecho de otra manera.En el caso específico del País Vasco, el nacionalismo está intentando imponer una memoria sesgada del pasado terroristaLa verdad es que ni hubo en la Transición amnesia, ni desmemoria, ni tabú, ni olvido, sino todo lo contrario, voluntad de saber y muchísimo recuerdo y memoria, que aconsejaban no volver a las actitudes del pasado de los años treinta y no tirarse el pasado a la cabeza si se quería consolidar un régimen verdaderamente democrático. El peso del pasado, anota Paloma Aguilar, llegó a ser abrumador. Nunca se publicó, se leyó y se discutió tanto sobre la Guerra Civil y la represión como en aquellos años. La más reciente ley de 2022 sobre la memoria democrática sigue usando y abusando de la idea de olvido. El supuesto pacto de olvido no es más que un fantasma. Como propuso acertadamente Santos Juliá, confundir olvidar u obligar a olvidar con echar al olvido sin olvidar, a fin de construir, constituye una trampa perversa.En el caso específico del País Vasco, el nacionalismo está intentando imponer una memoria sesgada del pasado terrorista. Los relatos basados en la teoría del conflicto pretenden forzar una reconciliación que mantenga bien escondido todo aquello que justificó en su momento la violencia. La aparente neutralidad adoptada por el nacionalismo radical y las narrativas equidistantes son una trampa. Decir «todos hemos sufrido», «todos fuimos víctimas» o «hay víctimas en ambos lados» comporta una visión en la que dos bandos equivalentes, ETA como pueblo vasco y el Estado-España, se han enfrentado entre mediados del siglo XX y los inicios de la centuria siguiente. En realidad, empero, ni ha habido nunca dos bandos, ni un conflicto Euskadi-España, ni dos violencias simétricas, ni dos sufrimientos asimilables, ni un número de vidas rotas parecido. ETA, que asesinó a centenares de personas, nunca fue antifranquista ni democrática, sino totalitaria y antiespañola. Contra España siguió matando y destruyendo, mucho más que antes, en la época democrática. La incorporación en la ley de memoria de 2022 de una cronología propuesta por los continuadores políticos de la banda terrorista se me antoja altamente preocupante.La opción de conflictoNo aceptar o ser crítico con la impuesta y mal bautizada como memoria democrática supone, de forma automática, ser considerado partidario del olvido, de derechas, reaccionario, profranquista, facha o fascista. Estamos ante una opción de conflicto, de batalla política, en las antípodas de fórmulas de reconciliación nacional consideradas antiguas. La llamada memoria democrática ha invadido peligrosamente, tanto para las libertades como para la propia democracia liberal, nuestras culturas. Ser muy crítico con estos abusos resulta perfectamente compatible, en mi opinión, con defender el derecho y la necesidad de recordar, de localizar y recuperar cuerpos –de forma bien hecha y con más Estado y menos chiringuitos memoriales– o de restituir la dignidad de (todas) las víctimas. El argumento según el cual las víctimas del ‘otro lado’ ya fueron reparadas o celebradas por el franquismo y en el franquismo me parece insultante, puesto que pone en plano de igualdad, paradójicamente, a una dictadura y un régimen democrático.En tiempos de memoria, como los actuales, una de las principales funciones del historiador consiste en estudiar, comprender y, si es preciso, denunciar las memorias tendenciosas que se presentan como la versión verdadera de lo ocurrido. Resulta inquietante la voluntad de los memorialistas de reescribir la historia sin rigor histórico, confundiendo historia y memoria y convirtiendo el pasado en un arma arrojadiza de la política doméstica. La memoria no debe ser un ajuste de cuentas presente sobre el pasado, ni la imposición de una única mirada. Ninguna entidad o gobierno merece la potestad de arrogarse la concesión de patentes de democracia. Una memoria pensada para dividir nuestra sociedad y crear muros sobra. La Guerra Civil y el franquismo son historia. Acaso haya llegado el momento de dejar pasar nuestro pesado y traumático pasado y abrir las puertas, de una vez por todas, a un futuro común. El siglo XXI rima con memoria. Se trata, sin lugar a dudas, de una de las palabras más mentadas en los medios y en las discusiones ciudadanas, sin olvidar, está claro, otras como ‘crisis’, ‘independencia’ o ‘corrupción’. Lo cultural se funde, en este terreno, con lo político y lo social. La emergencia e imposición de una memoria bautizada, según la ocasión, como histórica o democrática, constituye uno de los fenómenos más relevantes de la España de las últimas tres décadas. Dos leyes han sido aprobadas durante las etapas de gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez , respectivamente, conocidas como ‘de Memoria Histórica’ (Ley 52/2007) y ‘Memoria Democrática’ (Ley 20/2022). A estas normas deben añadirse nuevas autoridades y cargos, leyes autonómicas o locales y la creación de caros entes memorialísticos.Engañadlos a todos, el Estado elegirá a los suyos , por Pedro Corral La grieta en la legitimidad , por Jesús García Calero La memoria desmemoriada , por Alfonso J. UssíaAunque el caso español posea algunas características propias, nos encontramos ante una cuestión globalmente occidental. A mediados de la década postrera de la centuria pasada, Tzvetan Todorov llamó ya la atención sobre los abusos de memoria . Años después, tratando de los excesos en la construcción de una identidad europea y el lugar en ella de las víctimas, Tony Judt aseveraba que la memoria es «intrínsecamente polémica y sesgada», además de «mala consejera en lo que al pasado se refiere». La memoria, en cuanto realidad construida, es siempre conflictiva, interesada y mudable. Como asegura David Rieff, solo es aconsejable si sirve a la resolución del conflicto y no a su perpetuación.Sin máculaLas alusiones a pesados pasados o a pasados sucios han proliferado. No existen, empero, pasados inmaculados, ni aquí ni en ningún lugar, ni ahora ni en ninguna época. Lo más normal son los más o menos sucios, en donde solamente varían los distintos y peculiares grados de suciedad y la voluntad y las maneras de ocultarlos, adecentarlos o limpiarlos desde cada presente. El caso español no resulta excepcional: una intensa y devastadora guerra fratricida, tras una Segunda República agitada y antes de una dictadura militar. En torno a la memoria denominada histórica o democrática se han acumulado un buen número de equívocos y abusos, implícitos o explícitos, más o menos inocentes en ocasiones y, las más de las veces, intencionados y conscientes. La memoria es algo singular, pero las memorias histórica o democrática solamente pueden conjugarse en plural. Son poliédricas. La construcción de una única memoria constituye con frecuencia un ejercicio de exclusión y falsa unanimidad de tintes totalizadores –e, incluso, totalitarios–. La recuperación de la memoria ha llegado a conformar en España una nueva identidad cívica o civil: una suerte de ideología política de sustitución frente a otras ideologías de izquierda ya prácticamente agotadas. No debiera ser una suplencia esteticista de la política, ni un atributo del Estado, ni un sustituto de la justicia. La Comisión de la Verdad, que va a presidir el exjuez Baltasar Garzón , supone un despropósito.«La Piedad» de la basílica de Cuelgamuros recibiendo los últimos retoques de Juan de ÁvalosHistoria y memoria no son lo mismo, aunque de forma frecuente, por desconocimiento o de forma deliberada, se confundan, subsumiendo la primera en la segunda. Todo acaba siendo, en el fondo, memoria . Mientras que la primera intenta comprender las razones que explican el pasado a partir del pasado, evitando anacronismos, la segunda, en cambio, impugna ese pasado desde preocupaciones, valores y sensibilidades presentes, alecciona sobre cómo debía haber sido –desde la ideología y la ventaja de saber cómo terminó– y construye una génesis democrática en función de sus intereses políticos de hoy. El caso del Valle de los Caídos resulta elocuente. Como escribiera Jacques Le Goff , la memoria «solamente busca salvar el pasado para servir al presente y al futuro». Rememorar y conocer son cosas distintas.No hay memoria histórica, en puridad, pero la memoria constituye un fenómeno histórico y un objeto de historia. La memoria se ha impuesto y lo contamina todo, casi siempre con fines ideológicos y políticos. Controlar la memoria es una cuestión de poder. Las políticas de memoria, al fin y al cabo, ofrecen vías de subversión del presente. Se han convertido en sinónimo de división y no de convivencia y consenso. En la denominada ‘memoria histórica’ o ‘democrática’, el pasado es lo de menos. Se trata, en realidad, de una batalla por el presente y el futuro. No parece en absoluto pertinente que desde las leyes se imponga un relato del pasado. El legislador no puede ocupar el lugar del historiador, ni menos fijar la historia oficial y única.Si el viejo régimen no había concluido, algunos interpretaron que se abría la posibilidad de cerrarlo tal como debería haberse cerrado a través de una nueva memoria oficialUna de las principales concreciones, si tratamos de memoria en el siglo XXI en España, ha sido sin duda el Memorial Democrático de Cataluña. Este empezó a perfilarse tras las elecciones autonómicas de 2003 y posterior formación del Tripartito de Pasqual Maragall . En el pacto de los socialistas con los independentistas de ERC y con los izquierdistas verdes de Iniciativa, estos últimos decidieron centrarse en la batalla por la memoria. Desde su entorno político, activista e historiográfico, se acabó gestando el Memorial, en 2007, que juntó cinco funciones: la voluntad de dominio ideológico de la memoria, la imposición de una historia maniquea de la Cataluña novecentista, la construcción territorial y académica de clientelas, un rol inquisitorial y el reparto de mucho dinero. Con el fracaso del segundo Tripartito y la llegada de Artur Mas a la Generalitat, en 2010, el organismo quedó en modo pausa. Se ha convertido, por encima de todo, en una repartidora de bienvenidas migajas.Comoquiera que sea, varias razones han sido expuestas a la hora de explicar el auge en España de la denominada memoria histórica o democrática en la primera década de la centuria: desde la impresión causada por la apertura de las primeras fosas y el giro forense, hasta la presión del movimiento de recuperación de la memoria histórica, sin olvidar la importación de modelos exteriores o los cambios representados por la emergencia de los denominados nietos de la guerra. Seguramente haya un poco de todo ello. Lo cierto es que, desde 1993, el pasado volvió al terreno político y rebrotó en la campaña electoral de 1996, entre invocaciones al franquismo y dóbermans amenazantes. La segunda legislatura del Partido Popular de José María Aznar en el poder exacerbó los ánimos. La implicación española en la guerra de Irak fue leída como una decisión autoritaria frente a una movilización popular en contra profundamente democrática. De ahí a identificar al centro-derecha y la derecha como una rediviva dictadura que enlazaba con 1975 había un pequeño paso, que se dio. Si el viejo régimen no había concluido, algunos interpretaron que se abría la posibilidad de cerrarlo tal como debería haberse cerrado a través de una nueva memoria oficial.Demócratas de toda la vidaHablar de memoria democrática significa establecer una vinculación directa entre el hoy democrático y el ayer republicano, introduciendo la idea según la cual todo el antifranquismo era democrático. Así se convierte a los anarquistas, comunistas y algún que otro socialista de los años treinta y cuarenta en demócratas de toda la vida. Defensa de la república o antifascismo no equivalen automáticamente a defensa de la democracia. La operación de blanqueo –o, si se quiere, de olvido, puesto que no hay memoria sin grandes olvidos interesados– de una porción del pasado resulta patente. Ni unos ni otros lucharon nunca por la democracia. La defensa de lo que quedaba de la legalidad republicana frente a los sublevados de 1936 no constituyó una simple oposición entre democracia y fascismo. Las víctimas se igualan con lo democrático , aunque muchas no tuvieran nada de demócratas o cargaran con más de un asesinato o torturas a sus espaldas. Están, desde la memoria oficial y el presentismo del presente, en el lado bueno de la historia .Con la ideología memorialística, en España se impugna y denigra la Transición democrática, acusada de franquista o hecha por instituciones o actores de la dictadura. La Transición democrática, cuestionada más por parte de intelectuales y políticos populistas que por la ciudadanía en general, no fue ni pudo ser perfecta, aunque sí modélica en muchos sentidos. Se avanzó poco a poco, en medio de enormes problemas. A pesar de todo, la Transición se impuso y nos abrió las puertas al mayor periodo de libertad y democracia de toda nuestra historia. Resulta demasiado cómodo, desde el presente, afirmar que las cosas podían haberse hecho de otra manera.En el caso específico del País Vasco, el nacionalismo está intentando imponer una memoria sesgada del pasado terroristaLa verdad es que ni hubo en la Transición amnesia, ni desmemoria, ni tabú, ni olvido, sino todo lo contrario, voluntad de saber y muchísimo recuerdo y memoria, que aconsejaban no volver a las actitudes del pasado de los años treinta y no tirarse el pasado a la cabeza si se quería consolidar un régimen verdaderamente democrático. El peso del pasado, anota Paloma Aguilar, llegó a ser abrumador. Nunca se publicó, se leyó y se discutió tanto sobre la Guerra Civil y la represión como en aquellos años. La más reciente ley de 2022 sobre la memoria democrática sigue usando y abusando de la idea de olvido. El supuesto pacto de olvido no es más que un fantasma. Como propuso acertadamente Santos Juliá, confundir olvidar u obligar a olvidar con echar al olvido sin olvidar, a fin de construir, constituye una trampa perversa.En el caso específico del País Vasco, el nacionalismo está intentando imponer una memoria sesgada del pasado terrorista. Los relatos basados en la teoría del conflicto pretenden forzar una reconciliación que mantenga bien escondido todo aquello que justificó en su momento la violencia. La aparente neutralidad adoptada por el nacionalismo radical y las narrativas equidistantes son una trampa. Decir «todos hemos sufrido», «todos fuimos víctimas» o «hay víctimas en ambos lados» comporta una visión en la que dos bandos equivalentes, ETA como pueblo vasco y el Estado-España, se han enfrentado entre mediados del siglo XX y los inicios de la centuria siguiente. En realidad, empero, ni ha habido nunca dos bandos, ni un conflicto Euskadi-España, ni dos violencias simétricas, ni dos sufrimientos asimilables, ni un número de vidas rotas parecido. ETA, que asesinó a centenares de personas, nunca fue antifranquista ni democrática, sino totalitaria y antiespañola. Contra España siguió matando y destruyendo, mucho más que antes, en la época democrática. La incorporación en la ley de memoria de 2022 de una cronología propuesta por los continuadores políticos de la banda terrorista se me antoja altamente preocupante.La opción de conflictoNo aceptar o ser crítico con la impuesta y mal bautizada como memoria democrática supone, de forma automática, ser considerado partidario del olvido, de derechas, reaccionario, profranquista, facha o fascista. Estamos ante una opción de conflicto, de batalla política, en las antípodas de fórmulas de reconciliación nacional consideradas antiguas. La llamada memoria democrática ha invadido peligrosamente, tanto para las libertades como para la propia democracia liberal, nuestras culturas. Ser muy crítico con estos abusos resulta perfectamente compatible, en mi opinión, con defender el derecho y la necesidad de recordar, de localizar y recuperar cuerpos –de forma bien hecha y con más Estado y menos chiringuitos memoriales– o de restituir la dignidad de (todas) las víctimas. El argumento según el cual las víctimas del ‘otro lado’ ya fueron reparadas o celebradas por el franquismo y en el franquismo me parece insultante, puesto que pone en plano de igualdad, paradójicamente, a una dictadura y un régimen democrático.En tiempos de memoria, como los actuales, una de las principales funciones del historiador consiste en estudiar, comprender y, si es preciso, denunciar las memorias tendenciosas que se presentan como la versión verdadera de lo ocurrido. Resulta inquietante la voluntad de los memorialistas de reescribir la historia sin rigor histórico, confundiendo historia y memoria y convirtiendo el pasado en un arma arrojadiza de la política doméstica. La memoria no debe ser un ajuste de cuentas presente sobre el pasado, ni la imposición de una única mirada. Ninguna entidad o gobierno merece la potestad de arrogarse la concesión de patentes de democracia. Una memoria pensada para dividir nuestra sociedad y crear muros sobra. La Guerra Civil y el franquismo son historia. Acaso haya llegado el momento de dejar pasar nuestro pesado y traumático pasado y abrir las puertas, de una vez por todas, a un futuro común.
El siglo XXI rima con memoria. Se trata, sin lugar a dudas, de una de las palabras más mentadas en los medios y en las discusiones ciudadanas, sin olvidar, está claro, otras como ‘crisis’, ‘independencia’ o ‘corrupción’. Lo cultural se funde, en este terreno, con … lo político y lo social. La emergencia e imposición de una memoria bautizada, según la ocasión, como histórica o democrática, constituye uno de los fenómenos más relevantes de la España de las últimas tres décadas. Dos leyes han sido aprobadas durante las etapas de gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez, respectivamente, conocidas como ‘de Memoria Histórica’ (Ley 52/2007) y ‘Memoria Democrática’ (Ley 20/2022). A estas normas deben añadirse nuevas autoridades y cargos, leyes autonómicas o locales y la creación de caros entes memorialísticos.
Aunque el caso español posea algunas características propias, nos encontramos ante una cuestión globalmente occidental. A mediados de la década postrera de la centuria pasada, Tzvetan Todorov llamó ya la atención sobre los abusos de memoria. Años después, tratando de los excesos en la construcción de una identidad europea y el lugar en ella de las víctimas, Tony Judt aseveraba que la memoria es «intrínsecamente polémica y sesgada», además de «mala consejera en lo que al pasado se refiere». La memoria, en cuanto realidad construida, es siempre conflictiva, interesada y mudable. Como asegura David Rieff, solo es aconsejable si sirve a la resolución del conflicto y no a su perpetuación.
Sin mácula
Las alusiones a pesados pasados o a pasados sucios han proliferado. No existen, empero, pasados inmaculados, ni aquí ni en ningún lugar, ni ahora ni en ninguna época. Lo más normal son los más o menos sucios, en donde solamente varían los distintos y peculiares grados de suciedad y la voluntad y las maneras de ocultarlos, adecentarlos o limpiarlos desde cada presente. El caso español no resulta excepcional: una intensa y devastadora guerra fratricida, tras una Segunda República agitada y antes de una dictadura militar.
En torno a la memoria denominada histórica o democrática se han acumulado un buen número de equívocos y abusos, implícitos o explícitos, más o menos inocentes en ocasiones y, las más de las veces, intencionados y conscientes. La memoria es algo singular, pero las memorias histórica o democrática solamente pueden conjugarse en plural. Son poliédricas. La construcción de una única memoria constituye con frecuencia un ejercicio de exclusión y falsa unanimidad de tintes totalizadores –e, incluso, totalitarios–. La recuperación de la memoria ha llegado a conformar en España una nueva identidad cívica o civil: una suerte de ideología política de sustitución frente a otras ideologías de izquierda ya prácticamente agotadas. No debiera ser una suplencia esteticista de la política, ni un atributo del Estado, ni un sustituto de la justicia. La Comisión de la Verdad, que va a presidir el exjuez Baltasar Garzón, supone un despropósito.
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Historia y memoria no son lo mismo, aunque de forma frecuente, por desconocimiento o de forma deliberada, se confundan, subsumiendo la primera en la segunda. Todo acaba siendo, en el fondo, memoria. Mientras que la primera intenta comprender las razones que explican el pasado a partir del pasado, evitando anacronismos, la segunda, en cambio, impugna ese pasado desde preocupaciones, valores y sensibilidades presentes, alecciona sobre cómo debía haber sido –desde la ideología y la ventaja de saber cómo terminó– y construye una génesis democrática en función de sus intereses políticos de hoy. El caso del Valle de los Caídos resulta elocuente. Como escribiera Jacques Le Goff, la memoria «solamente busca salvar el pasado para servir al presente y al futuro». Rememorar y conocer son cosas distintas.
No hay memoria histórica, en puridad, pero la memoria constituye un fenómeno histórico y un objeto de historia. La memoria se ha impuesto y lo contamina todo, casi siempre con fines ideológicos y políticos. Controlar la memoria es una cuestión de poder. Las políticas de memoria, al fin y al cabo, ofrecen vías de subversión del presente. Se han convertido en sinónimo de división y no de convivencia y consenso. En la denominada ‘memoria histórica’ o ‘democrática’, el pasado es lo de menos. Se trata, en realidad, de una batalla por el presente y el futuro. No parece en absoluto pertinente que desde las leyes se imponga un relato del pasado. El legislador no puede ocupar el lugar del historiador, ni menos fijar la historia oficial y única.
Si el viejo régimen no había concluido, algunos interpretaron que se abría la posibilidad de cerrarlo tal como debería haberse cerrado a través de una nueva memoria oficial
Una de las principales concreciones, si tratamos de memoria en el siglo XXI en España, ha sido sin duda el Memorial Democrático de Cataluña. Este empezó a perfilarse tras las elecciones autonómicas de 2003 y posterior formación del Tripartito de Pasqual Maragall. En el pacto de los socialistas con los independentistas de ERC y con los izquierdistas verdes de Iniciativa, estos últimos decidieron centrarse en la batalla por la memoria. Desde su entorno político, activista e historiográfico, se acabó gestando el Memorial, en 2007, que juntó cinco funciones: la voluntad de dominio ideológico de la memoria, la imposición de una historia maniquea de la Cataluña novecentista, la construcción territorial y académica de clientelas, un rol inquisitorial y el reparto de mucho dinero. Con el fracaso del segundo Tripartito y la llegada de Artur Mas a la Generalitat, en 2010, el organismo quedó en modo pausa. Se ha convertido, por encima de todo, en una repartidora de bienvenidas migajas.
Comoquiera que sea, varias razones han sido expuestas a la hora de explicar el auge en España de la denominada memoria histórica o democrática en la primera década de la centuria: desde la impresión causada por la apertura de las primeras fosas y el giro forense, hasta la presión del movimiento de recuperación de la memoria histórica, sin olvidar la importación de modelos exteriores o los cambios representados por la emergencia de los denominados nietos de la guerra. Seguramente haya un poco de todo ello. Lo cierto es que, desde 1993, el pasado volvió al terreno político y rebrotó en la campaña electoral de 1996, entre invocaciones al franquismo y dóbermans amenazantes. La segunda legislatura del Partido Popular de José María Aznar en el poder exacerbó los ánimos. La implicación española en la guerra de Irak fue leída como una decisión autoritaria frente a una movilización popular en contra profundamente democrática. De ahí a identificar al centro-derecha y la derecha como una rediviva dictadura que enlazaba con 1975 había un pequeño paso, que se dio. Si el viejo régimen no había concluido, algunos interpretaron que se abría la posibilidad de cerrarlo tal como debería haberse cerrado a través de una nueva memoria oficial.
Demócratas de toda la vida
Hablar de memoria democrática significa establecer una vinculación directa entre el hoy democrático y el ayer republicano, introduciendo la idea según la cual todo el antifranquismo era democrático. Así se convierte a los anarquistas, comunistas y algún que otro socialista de los años treinta y cuarenta en demócratas de toda la vida. Defensa de la república o antifascismo no equivalen automáticamente a defensa de la democracia. La operación de blanqueo –o, si se quiere, de olvido, puesto que no hay memoria sin grandes olvidos interesados– de una porción del pasado resulta patente. Ni unos ni otros lucharon nunca por la democracia. La defensa de lo que quedaba de la legalidad republicana frente a los sublevados de 1936 no constituyó una simple oposición entre democracia y fascismo. Las víctimas se igualan con lo democrático, aunque muchas no tuvieran nada de demócratas o cargaran con más de un asesinato o torturas a sus espaldas. Están, desde la memoria oficial y el presentismo del presente, en el lado bueno de la historia.
Con la ideología memorialística, en España se impugna y denigra la Transición democrática, acusada de franquista o hecha por instituciones o actores de la dictadura. La Transición democrática, cuestionada más por parte de intelectuales y políticos populistas que por la ciudadanía en general, no fue ni pudo ser perfecta, aunque sí modélica en muchos sentidos. Se avanzó poco a poco, en medio de enormes problemas. A pesar de todo, la Transición se impuso y nos abrió las puertas al mayor periodo de libertad y democracia de toda nuestra historia. Resulta demasiado cómodo, desde el presente, afirmar que las cosas podían haberse hecho de otra manera.
En el caso específico del País Vasco, el nacionalismo está intentando imponer una memoria sesgada del pasado terrorista
La verdad es que ni hubo en la Transición amnesia, ni desmemoria, ni tabú, ni olvido, sino todo lo contrario, voluntad de saber y muchísimo recuerdo y memoria, que aconsejaban no volver a las actitudes del pasado de los años treinta y no tirarse el pasado a la cabeza si se quería consolidar un régimen verdaderamente democrático. El peso del pasado, anota Paloma Aguilar, llegó a ser abrumador. Nunca se publicó, se leyó y se discutió tanto sobre la Guerra Civil y la represión como en aquellos años. La más reciente ley de 2022 sobre la memoria democrática sigue usando y abusando de la idea de olvido. El supuesto pacto de olvido no es más que un fantasma. Como propuso acertadamente Santos Juliá, confundir olvidar u obligar a olvidar con echar al olvido sin olvidar, a fin de construir, constituye una trampa perversa.
En el caso específico del País Vasco, el nacionalismo está intentando imponer una memoria sesgada del pasado terrorista. Los relatos basados en la teoría del conflicto pretenden forzar una reconciliación que mantenga bien escondido todo aquello que justificó en su momento la violencia. La aparente neutralidad adoptada por el nacionalismo radical y las narrativas equidistantes son una trampa. Decir «todos hemos sufrido», «todos fuimos víctimas» o «hay víctimas en ambos lados» comporta una visión en la que dos bandos equivalentes, ETA como pueblo vasco y el Estado-España, se han enfrentado entre mediados del siglo XX y los inicios de la centuria siguiente. En realidad, empero, ni ha habido nunca dos bandos, ni un conflicto Euskadi-España, ni dos violencias simétricas, ni dos sufrimientos asimilables, ni un número de vidas rotas parecido. ETA, que asesinó a centenares de personas, nunca fue antifranquista ni democrática, sino totalitaria y antiespañola. Contra España siguió matando y destruyendo, mucho más que antes, en la época democrática. La incorporación en la ley de memoria de 2022 de una cronología propuesta por los continuadores políticos de la banda terrorista se me antoja altamente preocupante.
La opción de conflicto
No aceptar o ser crítico con la impuesta y mal bautizada como memoria democrática supone, de forma automática, ser considerado partidario del olvido, de derechas, reaccionario, profranquista, facha o fascista. Estamos ante una opción de conflicto, de batalla política, en las antípodas de fórmulas de reconciliación nacional consideradas antiguas. La llamada memoria democrática ha invadido peligrosamente, tanto para las libertades como para la propia democracia liberal, nuestras culturas. Ser muy crítico con estos abusos resulta perfectamente compatible, en mi opinión, con defender el derecho y la necesidad de recordar, de localizar y recuperar cuerpos –de forma bien hecha y con más Estado y menos chiringuitos memoriales– o de restituir la dignidad de (todas) las víctimas. El argumento según el cual las víctimas del ‘otro lado’ ya fueron reparadas o celebradas por el franquismo y en el franquismo me parece insultante, puesto que pone en plano de igualdad, paradójicamente, a una dictadura y un régimen democrático.
En tiempos de memoria, como los actuales, una de las principales funciones del historiador consiste en estudiar, comprender y, si es preciso, denunciar las memorias tendenciosas que se presentan como la versión verdadera de lo ocurrido. Resulta inquietante la voluntad de los memorialistas de reescribir la historia sin rigor histórico, confundiendo historia y memoria y convirtiendo el pasado en un arma arrojadiza de la política doméstica. La memoria no debe ser un ajuste de cuentas presente sobre el pasado, ni la imposición de una única mirada. Ninguna entidad o gobierno merece la potestad de arrogarse la concesión de patentes de democracia. Una memoria pensada para dividir nuestra sociedad y crear muros sobra. La Guerra Civil y el franquismo son historia. Acaso haya llegado el momento de dejar pasar nuestro pesado y traumático pasado y abrir las puertas, de una vez por todas, a un futuro común.
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