Rafael Méndez (Murcia, 50 años) es uno de esos periodistas capaces de encontrar un ángulo muerto y obsesionarse con él hasta arrancar una noticia, un reportaje o ambas cosas, como este libro, Los dueños del Estado. Los altos funcionarios que mueven los hilos del poder en España (Península). En 264 páginas, Méndez, experiodista de EL PAÍS y actualmente en Salvados, repasa con nombres y apellidos y ayuda de valiosas fuentes anónimas (gajes de meterse en círculos tan exclusivos), casos sangrantes que pasan inadvertidos para la opinión pública. No es un libro, aclara varias veces, contra los altos funcionarios, sino contra varios de ellos y el régimen y la impunidad que los ampara.
Rafael Méndez (Murcia, 50 años) es uno de esos periodistas capaces de encontrar un ángulo muerto y obsesionarse con él hasta arrancar una noticia, un reportaje o ambas cosas, como este libro, Los dueños del Estado. Los altos funcionarios que mueven los hilos del poder en España (Península). En 264 páginas, Méndez, experiodista de EL PAÍS y actualmente en Salvados, repasa con nombres y apellidos y ayuda de valiosas fuentes anónimas (gajes de meterse en círculos tan exclusivos), casos sangrantes que pasan inadvertidos para la opinión pública. No es un libro, aclara varias veces, contra los altos funcionarios, sino contra varios de ellos y el régimen y la impunidad que los ampara. Seguir leyendo
Rafael Méndez (Murcia, 50 años) es uno de esos periodistas capaces de encontrar un ángulo muerto y obsesionarse con él hasta arrancar una noticia, un reportaje o ambas cosas, como este libro, Los dueños del Estado. Los altos funcionarios que mueven los hilos del poder en España (Península). En 264 páginas, Méndez, experiodista de EL PAÍS y actualmente en Salvados, repasa con nombres y apellidos y ayuda de valiosas fuentes anónimas (gajes de meterse en círculos tan exclusivos), casos sangrantes que pasan inadvertidos para la opinión pública. No es un libro, aclara varias veces, contra los altos funcionarios, sino contra varios de ellos y el régimen y la impunidad que los ampara.
Pregunta. ¿Cómo empieza esto?
Respuesta. Hace unos diez años. Yo trabajaba en EL PAÍS, en el suplemento Domingo. Un día una abogada me dijo: “Sé de un abogado del Estado de Puertos que se ha ido y que está pleiteando ahora contra una autoridad portuaria”. Y hablando, me doy con varios casos más que pienso puede ser interesante publicar.
P. Se encuentra, por ejemplo, con que los abogados del Estado que habían hecho la Ley de Puertos se habían ido a la actividad privada a explicar a las empresas, por un dineral, cómo beneficiarse de la ley para ir contra Puertos del Estado. Es uno de los asuntos más llamativos del libro: cómo uno hace cosas en la administración pública y,con esa experiencia, se va a la empresa privada a contar cómo explotarlas.
R. Y no es ilegal. Eso es precisamente lo escandaloso. Ese elefante en la habitación. Nadie quiere meterse ahí. Pero es legal, no es corrupción. Se hace con permiso. Muchos arbitrajes contra el Reino de España los llevan abogados del Estado en excedencia que, sin perder su plaza, se dedican a pleitear contra el propio Estado, a veces en nombre de fondos soberanos extranjeros. Esto es transparente: lo ves en sus webs. Nadie ha puesto límites. El problema es que quien llega a los ministerios no se enfrenta a ellos. Uno me decía: “Si nos encabronan, no salen los papeles”.
P. …
R. Esto se ha dejado hacer así durante 40 o 50 años. El que llega no tiene incentivos para cambiarlo: te enfrentas a la alta administración, no da rédito electoral y nadie está pendiente de esto. Hay un 40% de abogados del Estado entre excedencia y servicios especiales. Pueden volver en cualquier momento después de ganar mucho dinero. Y nadie ha planteado algo tan básico como que, si te vas, no puedas pleitear contra la administración. Eso lo haría cualquier empresa.
P. Hola y adiós.
R. Diez años, te forras y luego llamas a la puerta: “Buenas, ¿cuál es mi ordenador?”. Pero hay otro nivel: los que compatibilizan público y privado a la vez. Había unas 40 plazas en Abogacía del Estado para eso. Cuando en El Confidencial pedimos la lista por Transparencia eran 33. Desde entonces dejaron de concederse, pero quienes la tienen, la mantienen. Quedan unos 17 o 18. Antes podías saber quiénes eran porque se publicaba en el BOE su situación. Ahora ya no. Han eliminado esa información.
P. En el libro habla también de las oposiciones. Son durísimas, pero da la impresión de que el problema no está en el acceso sino en lo que ocurre después.
R. Sí. Las oposiciones son muy duras y mantienen prestigio social. No es fácil enchufar a alguien. Hay que ser justo con eso. Pero también hay cosas: hay muchos apellidos compuestos, cierto grado de endogamia, sobre todo en cuerpos pequeños como el Consejo de Estado. Aun así, el problema no está ahí, sino después. En sectores como Energía, por ejemplo, estos perfiles son muy codiciados por las empresas. Les ofrecen sueldos astronómicos. Y no fichan solo conocimiento teórico: fichan saber cómo se han hecho las normas, saber dónde están los puntos débiles, saber a quién llamar. Eso ahorra muchísimo tiempo.
P. El sistema de relaciones: compañeros, preparadores, redes. El famoso capital social.
R. Hubo un abogado que escribió en un artículo académico en que él llamaba a esto “puertas abiertas”: sales a la privada y al día siguiente puedes volver al ministerio a preguntar por el asunto que llevabas. Es un abogado del Estado muy serio y del que todo el mundo habla muy bien. Pues se fue a la privada por una excedencia y ahora pleitea contra el Estado defendiendo a las eléctricas por el apagón: nos está reclamando cientos de millones. Al final, el dinero llama mucho.
P. ¿Qué caso le ha impactado más?
R. El de Joaquín Abajo Quintana, sobre todo porque fue a plena luz del día. Era abogado del Estado en activo y secretario del Consejo de Afinsa. Afinsa fue una macroestafa, y él era el secretario del Consejo, que es quien debe velar por la legalidad de lo que se hace. Se llegaban a mezclar papeles de Afinsa con membrete de la Abogacía del Estado. Lo que más me sorprende es que, a diferencia de otros casos que te pueden contar, este ocurrió con total visibilidad: hubo un juicio, hay una declaración en vídeo que es relativamente fácil de conseguir, y no pasó nada, ni fuera ni dentro de la Abogacía. Había un abogado del Estado implicado que fue condenado a cárcel, volvió, se reincorporó y sigue en su puesto. Quiero decir, eso tendría que haber sido una llamada de atención.
P. ¿Por qué no acaba el régimen de compatibilidades?
R. Habría resistencia. Los abogados del Estado tienen mucho poder. Si te firman un informe en contra, te pueden bloquear políticamente.
P. Cuenta en el libro que por eso los abogados del Estado más valorados son los flexibles. Un secretario de Estado le dijo a usted cuál era la relación que tenía con su abogado: “Si le digo que me haga un informe diciendo que es de noche”, se las arregla para argumentarlo aunque sea mediodía.
R. Cualquier buen abogado puede hacerlo. Entonces, si el abogado empieza a decirte “esto no se puede hacer, esto no se puede hacer”, son muchos palos en la rueda. Si algún día te piden el expediente —lo estamos viendo con Plus Ultra, con todo el día en los tribunales— y dicen “a ver este expediente”, y hay un informe en contra, el político que ha tirado adelante y ha tomado una decisión con un informe jurídico contrario, sabe que puede acabar fatal. Cada vez más. Está todo en el expediente: te lo coge Manos Limpias y acabas frito. Ese es el poder. Hubo un caso con el Gobierno de Sánchez en funciones: no se formaba gobierno y tenían que transferir unos 6.000 millones a las comunidades autónomas. La Abogacía del Estado, en Hacienda, dijo que no se podía hacer; era una opinión jurídica como podría haber sido otra, pero sostuvo que estando en funciones no se podía transferir ese dinero. Tuvieron que relevarla del puesto —ahora está en el Gobierno de Ayuso— y que otra abogada del Estado lo firmara. Es un ejemplo. Es la prueba de que si estás en política y te encuentras un informe en contra, te puedes meter en un buen jaleo. Así que si los cabreas…
P. Cuenta escenas sangrantes, como esos excompañeros, unos en el Estado y otros en la empresa privada, viajando a los arbitrajes internacionales unos en turista, otros en primera clase.
R. En los arbitrajes internacionales de las renovables, España se está jugando miles de millones y con ese dinero puedes fichar a los mejores abogados, que muchas veces son abogados del Estado, y se hacen de oro. Entiendo que debe de ser muy difícil rechazar esa tentación, pero ahí debería estar el Estado y decir: “Muy bien, usted se va, no lo puedo evitar, pero si se va no puede volver”. Como haría cualquier empresa que está pagando un dinero para defenderse. Porque al final estás cobrando un dinero público para pelear contra lo público. Y lo peor es que muchos ni siquiera van a volver: han ganado tanto dinero que no lo necesitan. Otros sí vuelven, pero ya para jubilarse en los últimos años.
P. ¿Qué cambiaría?
R. Cambiaría al menos la lógica de decir: el que está yendo contra mí no está en excedencia y no tiene su plaza reservada. Si hay una crisis económica fuerte, como la última vez que pasó y volvieron muchos, no puede ser que llamen al día siguiente y haya que hacerles hueco. Además, podrías dimensionar tu plantilla con la gente que realmente tienes. Imagínate un periódico con un 40% de la plantilla fuera pero con derecho a volver al día siguiente, o unos bomberos en la misma situación: sería muy difícil de organizar.
P. No hay control o sanciones.
R. Sanciones no hay porque lo controlan ellos. Cuando pillan a alguien, se le llama. No se abre un expediente porque se alargaría y acabaría en los tribunales. Cuando se detecta a un alto funcionario incumpliendo —trabajando por fuera sin permiso, al margen de los casos en que sí tiene compatibilidad concedida—, lo que se hace es llamarle, tomarse un café y decirle: “Macho, vete a la excedencia, por el bien de todos”, y ya está. No hay nunca un expediente ni una sanción. Todo queda entre amigos. No sé si hay una parte de “hoy por ti, mañana por mí”, pero desde luego también se arregla así, por no encabronar, porque todos se conocen y necesitas que la maquinaria funcione. Cualquiera que se enfrente a ellos lo tiene complicado.
P. Y puede volver.
R. El abogado general del Estado siempre es un abogado del Estado que luego va a volver, así que todo se gestiona internamente. Poco a poco, claro, van cambiando cosas, pero muy lentamente. Por eso, en el caso de las compatibilidades, había 40, luego 30, ahora quedan 18 o 19; cuando se jubilen, ya no se darán más y dentro de 15 o 20 años el problema se habrá diluido. Mientras tanto, tú puedes buscar a un abogado del Estado en activo y ver en su web que ha asesorado a grandes empresas, pero no hay forma de saber exactamente a quién; ni nosotros, ni el Ministerio de Justicia, ni nadie sabe a quién está asesorando.
P. Políticos y altos funcionarios trabajan juntos, pero en compartimentos estancos.
R. Sí. Y eso tiene una parte buena: hay independencia y capacidad de freno. No llega un ministro y coloniza la administración. El caso de Jessica es interesante: la enchufan, pero no pueden hacerlo directamente en el ministerio, tienen que hacerlo a través de empresas públicas encadenadas. Eso muestra que hay barreras, aunque también formas de bordearlas.
P. Esa independencia es necesaria, pero también exige control.
R. Claro. Está muy bien que haya alguien que le diga a un ministro “esto no se puede hacer”. Cuando a uno le gusta un gobierno, le gustaría probablemente que pudiera hacer más cosas; pero cuando llegue otro de signo distinto, te gustará que haya gente ahí que le diga: “Oiga, esto no se puede hacer”. Si llega Vox y dice “quiero dar ayudas primero a los españoles”, tiene que haber una voz independiente que le diga: “Mira, aquí no se puede discriminar; hay cosas que no se pueden hacer”. Y eso está muy bien. Pero esa responsabilidad, creo, debe conllevar que lo miremos, que lo sepamos, que sepamos para quién trabajan.
P. ¿Son conscientes de ese poder?
R. Yo creo que no. Esto funciona casi como un Estado dentro del Estado. Hay una primera capa de la Administración que funciona con sus propias normas y conocimientos; se mueven y trabajan codo con codo con los políticos. Que tengan poder está bien, como decía antes, para poder parar y decir: “Esto no se puede hacer, ministro”. Y mi plaza no depende de que yo te diga que sí. En todas las organizaciones humanas hemos visto gente que se pliega a quien manda y dice que sí a todo, y está bien que haya gente con la libertad de decir que no y que tenga ese poder. Si son conscientes de todo el poder que tienen, yo creo que no; no siempre, al menos. Algunos sí, pero muchos lo relativizan bastante y lo ven como algo normal. Es su mundo. Los letrados del Consejo de Estado, por ejemplo, que es un organismo muy extraño, en mi opinión.
P. Ahí estuvo hasta 2009 un consejero, Miguel Vizcaíno Márquez, con una cicatriz enorme de la Guerra Civil.
R. Era un consejero vitalicio de 96 años, con rango de secretario de Estado, sueldo, chófer y secretaria. Lo jubilaron del Supremo en el año 2000 y seguía ahí. Iba un par de días a la semana. Claro que los letrados tienen muchísimo poder. ¿Qué capacidad de control o de renovación puede haber en una figura así?
EL PAÍS