En los últimos dos meses, el dramaturgo Ramón Paso fue detenido por una agresión sexual a una niña de 15 años; el productor de cine Xavier Atance pasó a disposición judicial tras la denuncia de tres mujeres; Canal Sur finalmente destituyó a Gustavo Fuentes, el directivo acusado de agresión y acoso sexual por una trabajadora; el cantante Francisco Javier Álvarez Beret, de 29 años, fue detenido y luego puesto en libertad como presunto autor de una agresión sexual en Sevilla; la fiscalía pidió 13 años de cárcel para el rapero El Jincho por otro asalto sexual a una menor de edad, cargo del que ha sido absuelto por “dudas razonables”; Wim Wenders por fin retiró de las plataformas Falso movimiento tras décadas de quejas de Nastassja Kinski por salir desnuda a los 13 años; y el artista francés Patrick Bruel fue interrogado por las acusaciones de violencia sexual por parte de tres mujeres que relatan hechos cometidos entre 1997 y 2001.
Tras años de cierto optimismo por el desarrollo de nuevas normativas, el sector observa pocos avances reales y denuncia la persistencia de la impunidad
En los últimos dos meses, el dramaturgo Ramón Paso fue detenido por una agresión sexual a una niña de 15 años; el productor de cine Xavier Atance pasó a disposición judicial tras la denuncia de tres mujeres; Canal Sur finalmente destituyó a Gustavo Fuentes, el directivo acusado de agresión y acoso sexual por una trabajadora; el cantante Francisco Javier Álvarez Beret, de 29 años, fue detenido y luego puesto en libertad como presunto autor de una agresión sexual en Sevilla; la fiscalía pidió 13 años de cárcel para el rapero El Jincho por otro asalto sexual a una menor de edad, cargo del que ha sido absuelto por “dudas razonables”; Wim Wenders por fin retiró de las plataformas Falso movimiento tras décadas de quejas de Nastassja Kinski por salir desnuda a los 13 años; y el artista francés Patrick Bruel fue interrogado por las acusaciones de violencia sexual por parte de tres mujeres que relatan hechos cometidos entre 1997 y 2001.
Así se han encadenado casi una decena de episodios de distintos tipos de violencias contra las mujeres por parte de hombres de la cultura. Todas las voces consultadas coinciden en que no se trata de un repunte de las agresiones: “Los casos que saltan a la prensa son la capa más superficial”, señala Lara Álvarez, vocal de la Asociación de Mujeres de la Industria de la Música (MIM). Sitúan el problema en lo que definen como “inoperancia” de los protocolos específicos que se han desarrollado para la cultura en España y la falta de cumplimiento de la Ley de Igualdad (2007) y de la ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como la del Solo sí es sí (2022).
“Cuando tú no estás cumpliendo con una de las herramientas fundamentales para prevenir el acoso en el sector, lo que haces es abrazar esa cultura de la impunidad”, afirma Bárbara Tardón, experta en género y asesora de la exministra de Igualdad Irene Montero para, entre otros proyectos, la ley del Solo sí es sí. “Siempre pongo el ejemplo de que tenemos interiorizado que el albañil debe llevar el casco para evitar un riesgo laboral. Desde esta ley, la violencia sexual es considerada un riesgo laboral, por eso se tienen que desarrollar los protocolos al respecto”.
Desde finales de 2024, el Ministerio de Cultura, liderado por Ernest Urtasun, ha puesto en marcha distintas vías para “atender y prevenir las violencias machistas”, en palabras del político, a través de la Unidad de Prevención y Atención contra las Violencias en el Sector Audiovisual y Cultural; el plan bianual de Igualdad —“Era la primera vez que se incorporaba como eje específico la violencia de género”, recuerda Jazmín Beirak, directora general de Derechos Culturales— y, el pasado diciembre, un protocolo con unas medidas mínimas de actuación para todas las empresas de la industria cultural. “La existencia de recursos específicos y especializados hace que aflore más la denuncia”, opina Sonia Lamas, coordinadora de la Unidad de Violencias desde la Fundación Aspacia, la organización a la que el Ministerio de Cultura y la Academia de Cine delegaron la gestión de este servicio.
El pasado noviembre, la Unidad presentó su primer informe, y tras un año de trabajo, había atendido 55 consultas, de las que el 43% hacían referencia a situaciones de agresión sexual. El dato contrasta con las conclusiones del primer gran informe que realizó la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA) sobre violencia sexual en la industria audiovisual española: el 60,3% de las encuestas declaró haber sufrido algún tipo de violencia sexual en los espacios relacionados con la industria del cine y del audiovisual. Un año después de su publicación, Tardón, también una de las autoras del documento con la investigadora y politóloga Nerea Barjola, afirma con contundencia: “No se ha avanzado casi nada, por no decir nada en cuanto a los protocolos”. El estudio, el más importante hasta ahora publicado, recopilaba no solo datos, sino también testimonios anonimizados de mujeres de la industria. Los hombres a los que señalaban, explica la experta, siguen en sus puestos de trabajo, aparecen en series y películas y recogen premios.
La productora Guadalupe Balaguer, presidenta de CIMA, intenta ser positiva con la situación actual, aunque con muchos reparos como Tardón: “Hay una sensibilización social mayor. Con el informe se escuchó a las víctimas, sintieron nuestro apoyo y compañía, y se puso nombre a muchos actos de violencia sexual que dábamos por normales. Se confirmó que era un problema muy arraigado, estructural. Para mí el informe fue una bofetada con la mano abierta en la cara al sector audiovisual, y siento que no hubo una respuesta inmediata de compañeros para frenar esto. En el último año, como sociedad, hemos retrocedido en cuanto a poder denunciar todo lo que ocurre. Se cuestiona aún más a las víctimas, que temen esa persecución. No estamos bien a nivel legislativo y social y, por eso, muchas compañeras optan por el silencio. Temen que sea el abusador quien acabe tomando medidas contra la víctima. Eso es lo peor que puede pasar”.
Desde Cultura piden tiempo para la aplicación de los protocolos. “Todavía no tenemos datos de cómo está impactando en el sector”, dice Beirak. En la web habilitada por el Ministerio y la Academia no aparecen las empresas que se han adscrito a estas herramientas, como quedó establecido en el texto. Su publicación en este espacio además garantizaría en un futuro próximo más puntos cuando soliciten determinadas ayudas públicas.
Inés Enciso, coordinadora del Departamento de Desarrollo e Investigación de la Academia de Cine, apunta sobre la Unidad: “Nuestra sensación es que poquito a poco se están poniendo en marcha iniciativas que van bien encaminadas”. En la Unidad hay tres líneas de acción: el Protocolo contra cualquier violencia sexual, actividades formativas y la atención a las víctimas. “El Protocolo [de 70 páginas] sirve para cualquier actividad o empresa cultural. Es legalmente lo más claro posible, respetando la presunción de inocencia, pero sobre todo acompañando a la víctima. Y esperamos que sea útil para muchas empresas que en una situación así se bloquean”.
Enciso también subraya lo fundamental de la formación: “Al final, la mejor manera de prevenir es que todos estemos alineados en lo que es y lo que no es una violencia machista en un entorno profesional. Hacemos mucho hincapié en las formaciones, que se realizan no solo en la Academia, sino en muchos sitios. Por ejemplo, en la Fundación Contemporánea, para intentar ampliar el altavoz dentro de la cultura. O hemos estado en el Salón del Cómic de Barcelona”. Cumplir el protocolo conlleva que Cultura aumente los incentivos a las organizaciones que lo apliquen. Si hay una denuncia y se aplica el protocolo en un rodaje, este debe detenerse. ¿Tiene la Academia constancia de que esto haya ocurrido desde su lanzamiento en noviembre de 2025? “No”. Aunque a continuación apunta: “Nos queda mucho por hacer, por supuesto, aunque ya hay una herramienta a la que recurrir y un teléfono donde las víctimas recibirán ayuda, y ojalá esto esté en todas las normativas, que se cumpla de manera obligatoria. Ahora estamos insistiendo en que toda la industria cultural lo conozca, que se acabe esa impunidad que ha campado a sus anchas durante tanto tiempo y que se sepa que esto ya no es legítimo”.
“Los años posteriores al Me Too generaron, en algunos sectores como la música, la ilusión de que la conciencia era suficiente. Se establecieron protocolos, se crearon comisiones, se multiplicaron los paneles sobre perspectiva de género en los festivales… Pero la conciencia sin transformación estructural es adorno”, afirma Álvarez, que reclama para su gremio “mecanismos de denuncia que no dependan de la buena voluntad de quien ostenta el poder en cada estructura, porque eso es muy tramposo y raramente favorecerá a la persona que ha sufrido violencia”.
La reacción
El sector musical, como sucede en casi toda la industria cultural, se sostiene a través de empresas pequeñas, “con relaciones de dependencia muy verticales, donde el poder económico y el acceso están concentrados de forma asimétrica”, describe la portavoz de MIM. “Esa asimetría es el terreno donde hay espacio para que se multipliquen los abusos”, añade, una frase que repiten las mujeres del audiovisual, el teatro y las artes. Tras un par de años de esperanza, empiezan a mostrar signos de agotamiento, rabia, pero sobre todo miedo y silencio ante lo que consideran “un backlash [reacción]» contra ellas. “Es una fatiga declarada ante lo woke o los temas de género, una tendencia a leer cualquier denuncia como un exceso o como un ataque al sector”, opinan Álvarez y Balaguer.
“El miedo es la herramienta de la cultura de la violación para contagiarnos a todas”, prosigue Lamas, que identifica las recientes denuncias contra los medios que publican este tipo de informaciones como una manera de acallarlas. “Sucede lo mismo con el señalamiento a una actriz, a una gestora cultural, a una arquitecta que denuncie la violencia sexual… El efecto que persigue es señalarnos a todas”. Y a ello se une, en el audiovisual, que tras superar “la culpabilidad y el remordimiento de por qué meterse en esto”, advierte la presidenta de CIMA, “en muchas ocasiones a la agresión sexual se une un abuso laboral”. Como subraya Balaguer, “te enredas en un universo jurídico. ¿A qué ámbito pertenece la denuncia? Es muy difícil encontrar abogados especializados”.
En 2021, Tábata Cerezo y Lucia Delgado fundaron IntimAct, agencia pionera en la coordinación de intimidad en rodajes, una figura que con el paso de los años se ha normalizado y que acaba de convertirse en obligatoria, tras la aprobación la semana pasada en el Consejo de Ministros del nuevo real decreto que regula el trabajo artístico. “Las violencias más específicas que se daban en el rodaje de secuencias íntimas son ahora más raras que hace tres años. Pero si hablamos de violencias más estructurales, la situación no ha cambiado tanto. Hay mucho miedo a hablar y cierta sensación de que, además, a nadie le interesa lo que te haya pasado”, explica Cerezo. “Invade cierta frustración al ver cómo el marco de fuera nos lo pone muy difícil. Tal vez nos falte un código deontológico, como lo hay en periodismo, para marcar claramente los límites”, continúa. “Al menos, en los grandes y medianos proyectos se ha entendido la necesidad de nuestro puesto y se respeta este trabajo”.
Cerezo, además, forma parte de la junta directiva de CIMA y de la Comisión de violencia y considera que tras la publicación de las acusaciones contra el cineasta Carlos Vermut en EL PAÍS y la consiguiente creación de la Unidad de violencia de la Academia, “hubo una sensación de ‘Bueno, esto ya está, ¿no?’. Casilla marcada y a otra cosa, tema superado. No es así“. Bárbara Tardón añade: “Hay más silencio, sí, quizás lo único positivo para mí es que, aunque nos quieren silenciar, las mujeres del sector hacen productos maravillosos, y el feminismo siempre está ahí, aunque quieran que desaparezcamos”.
EL PAÍS