Seis años después de que el Ministerio de Cultura de José Manuel Rodríguez Uribes autorizara a la Sociedad Española de Derechos de Autor (SEDA) para operar como entidad de gestión, el Tribunal Supremo ha ratificado la suspensión de la licencia. La entidad, presidida por Patacho Recio , no podrá seguir operando salvo que obtenga una nueva autorización administrativa, un permiso que ya estuvo rodeada de polémica en el momento de su concesión. En una providencia a la que ha tenido acceso ABC, la Sala de lo Contencioso-Administrativo rechaza el recurso presentado por SEDA y confirma la sentencia dictada el año pasado por la Audiencia Nacional. Aquel tribunal concluyó que el Ministerio de Cultura permitió a la entidad empezar a gestionar derechos de autores de obras musicales, en competencia con la SGAE y los operadores independientes, sin acreditar previamente todos los requisitos exigidos por la ley de Propiedad Intelectual. El alto tribunal considera que el recurso de SEDA contra esa resolución no justificaba suficientemente el interés casacional necesario para que fuera admitido a trámite. La sentencia queda así firme. La Audiencia Nacional había concluido que la entidad no cumplía ninguno de los tres requisitos legales necesarios para obtener la autorización administrativa: adecuación de los estatutos a la normativa, capacidad efectiva de gestión de derechos y contribución al interés general en la protección de la propiedad intelectual.Ya en 2020, antes de concederse la licencia, la Subdirección General de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura elaboró un informe en el que reconocía que los estatutos de SEDA presentaban deficiencias y no contenían íntegramente el contenido exigido por la ley. Aun así, el entonces ministro Uribes decidió autorizar su actividad confiando en que los problemas se resolverían después. La Audiencia consideró incompatible ese planteamiento con el principio de legalidad: los requisitos debían cumplirse antes de conceder la licencia, no una vez otorgada. Los tribunales han terminado dando así la razón al operador independiente especializado en derechos musicales Unison Rights , impulsor de la impugnación de la autorización. La entrada de SEDA en el mercado de la gestión de derechos de autor, que en sus inicios estuvo impulsada por parte de la industria musical, abrió la puerta a una nueva entidad de gestión que aspiraba a competir con la SGAE en un sector históricamente dominado por muy pocos operadores. Desde su constitución en 2019, SEDA se presentó como una alternativa a la SGAE, apoyada por más de dos centenares de autores y varias editoriales musicales. Su nacimiento coincidió con uno de los momentos de mayor desgaste reputacional de la histórica entidad de gestión, golpeada por años de conflictos internos y procedimientos judiciales. La autorización concedida por Cultura en 2020 pretendía abrir esa demanda de competencia en el sector. Seis años después de que el Ministerio de Cultura de José Manuel Rodríguez Uribes autorizara a la Sociedad Española de Derechos de Autor (SEDA) para operar como entidad de gestión, el Tribunal Supremo ha ratificado la suspensión de la licencia. La entidad, presidida por Patacho Recio , no podrá seguir operando salvo que obtenga una nueva autorización administrativa, un permiso que ya estuvo rodeada de polémica en el momento de su concesión. En una providencia a la que ha tenido acceso ABC, la Sala de lo Contencioso-Administrativo rechaza el recurso presentado por SEDA y confirma la sentencia dictada el año pasado por la Audiencia Nacional. Aquel tribunal concluyó que el Ministerio de Cultura permitió a la entidad empezar a gestionar derechos de autores de obras musicales, en competencia con la SGAE y los operadores independientes, sin acreditar previamente todos los requisitos exigidos por la ley de Propiedad Intelectual. El alto tribunal considera que el recurso de SEDA contra esa resolución no justificaba suficientemente el interés casacional necesario para que fuera admitido a trámite. La sentencia queda así firme. La Audiencia Nacional había concluido que la entidad no cumplía ninguno de los tres requisitos legales necesarios para obtener la autorización administrativa: adecuación de los estatutos a la normativa, capacidad efectiva de gestión de derechos y contribución al interés general en la protección de la propiedad intelectual.Ya en 2020, antes de concederse la licencia, la Subdirección General de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura elaboró un informe en el que reconocía que los estatutos de SEDA presentaban deficiencias y no contenían íntegramente el contenido exigido por la ley. Aun así, el entonces ministro Uribes decidió autorizar su actividad confiando en que los problemas se resolverían después. La Audiencia consideró incompatible ese planteamiento con el principio de legalidad: los requisitos debían cumplirse antes de conceder la licencia, no una vez otorgada. Los tribunales han terminado dando así la razón al operador independiente especializado en derechos musicales Unison Rights , impulsor de la impugnación de la autorización. La entrada de SEDA en el mercado de la gestión de derechos de autor, que en sus inicios estuvo impulsada por parte de la industria musical, abrió la puerta a una nueva entidad de gestión que aspiraba a competir con la SGAE en un sector históricamente dominado por muy pocos operadores. Desde su constitución en 2019, SEDA se presentó como una alternativa a la SGAE, apoyada por más de dos centenares de autores y varias editoriales musicales. Su nacimiento coincidió con uno de los momentos de mayor desgaste reputacional de la histórica entidad de gestión, golpeada por años de conflictos internos y procedimientos judiciales. La autorización concedida por Cultura en 2020 pretendía abrir esa demanda de competencia en el sector.
Seis años después de que el Ministerio de Cultura de José Manuel Rodríguez Uribes autorizara a la Sociedad Española de Derechos de Autor (SEDA) para operar como entidad de gestión, el Tribunal Supremo ha ratificado la suspensión de la licencia. La entidad, presidida por … Patacho Recio, no podrá seguir operando salvo que obtenga una nueva autorización administrativa, un permiso que ya estuvo rodeada de polémica en el momento de su concesión.
En una providencia a la que ha tenido acceso ABC, la Sala de lo Contencioso-Administrativo rechaza el recurso presentado por SEDA y confirma la sentencia dictada el año pasado por la Audiencia Nacional. Aquel tribunal concluyó que el Ministerio de Cultura permitió a la entidad empezar a gestionar derechos de autores de obras musicales, en competencia con la SGAE y los operadores independientes, sin acreditar previamente todos los requisitos exigidos por la ley de Propiedad Intelectual.
El alto tribunal considera que el recurso de SEDA contra esa resolución no justificaba suficientemente el interés casacional necesario para que fuera admitido a trámite. La sentencia queda así firme. La Audiencia Nacional había concluido que la entidad no cumplía ninguno de los tres requisitos legales necesarios para obtener la autorización administrativa: adecuación de los estatutos a la normativa, capacidad efectiva de gestión de derechos y contribución al interés general en la protección de la propiedad intelectual.
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La Audiencia consideró incompatible ese planteamiento con el principio de legalidad: los requisitos debían cumplirse antes de conceder la licencia, no una vez otorgada. Los tribunales han terminado dando así la razón al operador independiente especializado en derechos musicales Unison Rights, impulsor de la impugnación de la autorización.
La entrada de SEDA en el mercado de la gestión de derechos de autor, que en sus inicios estuvo impulsada por parte de la industria musical, abrió la puerta a una nueva entidad de gestión que aspiraba a competir con la SGAE en un sector históricamente dominado por muy pocos operadores.
Desde su constitución en 2019, SEDA se presentó como una alternativa a la SGAE, apoyada por más de dos centenares de autores y varias editoriales musicales. Su nacimiento coincidió con uno de los momentos de mayor desgaste reputacional de la histórica entidad de gestión, golpeada por años de conflictos internos y procedimientos judiciales. La autorización concedida por Cultura en 2020 pretendía abrir esa demanda de competencia en el sector.
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