Los trabajadores del Inaem (Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música) rechazan la reforma del organismo presentada en febrero de este año por el Ministerio de Cultura, que dirige Ernest Urtasun . En un comunicado hecho público este lunes la asamblea «manifiesta su oposición directa ante esta propuesta mercantil y defiende un modelo alternativo: la permanencia del Instituto como Organismo Autónomo reforzado, con la dotación económica y los instrumentos necesarios para garantizar la promoción, protección y difusión de la música, la danza, el teatro y el circo, así como del teatro del Siglo de Oro, la zarzuela, los ballets nacionales, el patrimonio musical y las creaciones contemporáneas diversas, igualitarias y plurales».A mediados de febrero, Jordi Martí, secretario de Estado de Cultura, presentó el proyecto de reforma del Inaem (una idea acariciada desde hace décadas por distintos gobiernos), que prevé la conversión en EPE (Entidad Pública Empresarial) del organismo, lo que según el Ministerio de Cultura permitiría suprimir la intervención previa de Hacienda –que pasaría a ser posterior– y ganar agilidad en contratación, coproducciones y acuerdos con terceros. La nueva fórmula, añadía Cultura, abriría además la puerta a una mayor autofinanciación vía mecenazgo y, en un contexto de minoría parlamentaria, permitiría al ministro aprobarla sin necesidad de pasar por el Congreso.Según los trabajadores, «la Entidad Pública Empresarial (EPE) es una figura del sector público institucional regida principalmente por el derecho privado y financiada de forma mayoritaria con ingresos de mercado. Aunque conserva carácter público, queda fuera del régimen ordinario de la Administración General del Estado, con consecuencias relevantes sobre el enfoque del servicio que presta».«Esta configuración jurídica -añaden- introduce una orientación al rendimiento económico que tensiona la función esencial del servicio público cultural: la conservación y difusión del patrimonio, la promoción de propuestas artísticas diversas —incluidas las más arriesgadas o minoritarias— y el acceso de la ciudadanía a precios asequibles. Asimismo, abre la puerta a una progresiva sustitución del empleo público ganado por oposición y a la precarización de las condiciones laborales del personal técnico, artístico y administrativo que hace posible cada espectáculo. «El Inaem -sigue la nota, que titulan ‘ Reforma sí, mercantilización no: la cultura no es un privilegio, es un derecho ‘- desempeña una labor fundamental en la consolidación del tejido institucional y cultural de nuestro país en el ámbito de las artes escénicas y musicales, tanto mediante su política de fomento y comunicación territorial como a través de sus centros de creación artística y unidades de gestión patrimonial y formación. Preservar y reforzar este organismo en su naturaleza de Organismo Autónomo 100% público es la mejor forma de garantizar que esa labor continúe al servicio de la ciudadanía». Los trabajadores concluyen que «la transformación a una EPE es una renuncia al derecho constitucional de acceso a la cultura. Proteger la condición de Organismo Autónomo Reforzado garantiza un modelo público blindado frente a lógicas mercantiles y permite corregir las deficiencias actuales. Defendemos el fortalecimiento de la estructura actual como una obligación democrática con las personas trabajadoras del sector y el conjunto de la ciudadanía».Ya a finales de febrero, los tres sindicatos mayoritarios del Ministerio de Cultura –CC.OO., UGT y CSIF– rechazaron de forma conjunta la propuesta de transformarlo en una entidad pública empresarial (EPE). Los trabajadores del Inaem (Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música) rechazan la reforma del organismo presentada en febrero de este año por el Ministerio de Cultura, que dirige Ernest Urtasun . En un comunicado hecho público este lunes la asamblea «manifiesta su oposición directa ante esta propuesta mercantil y defiende un modelo alternativo: la permanencia del Instituto como Organismo Autónomo reforzado, con la dotación económica y los instrumentos necesarios para garantizar la promoción, protección y difusión de la música, la danza, el teatro y el circo, así como del teatro del Siglo de Oro, la zarzuela, los ballets nacionales, el patrimonio musical y las creaciones contemporáneas diversas, igualitarias y plurales».A mediados de febrero, Jordi Martí, secretario de Estado de Cultura, presentó el proyecto de reforma del Inaem (una idea acariciada desde hace décadas por distintos gobiernos), que prevé la conversión en EPE (Entidad Pública Empresarial) del organismo, lo que según el Ministerio de Cultura permitiría suprimir la intervención previa de Hacienda –que pasaría a ser posterior– y ganar agilidad en contratación, coproducciones y acuerdos con terceros. La nueva fórmula, añadía Cultura, abriría además la puerta a una mayor autofinanciación vía mecenazgo y, en un contexto de minoría parlamentaria, permitiría al ministro aprobarla sin necesidad de pasar por el Congreso.Según los trabajadores, «la Entidad Pública Empresarial (EPE) es una figura del sector público institucional regida principalmente por el derecho privado y financiada de forma mayoritaria con ingresos de mercado. Aunque conserva carácter público, queda fuera del régimen ordinario de la Administración General del Estado, con consecuencias relevantes sobre el enfoque del servicio que presta».«Esta configuración jurídica -añaden- introduce una orientación al rendimiento económico que tensiona la función esencial del servicio público cultural: la conservación y difusión del patrimonio, la promoción de propuestas artísticas diversas —incluidas las más arriesgadas o minoritarias— y el acceso de la ciudadanía a precios asequibles. Asimismo, abre la puerta a una progresiva sustitución del empleo público ganado por oposición y a la precarización de las condiciones laborales del personal técnico, artístico y administrativo que hace posible cada espectáculo. «El Inaem -sigue la nota, que titulan ‘ Reforma sí, mercantilización no: la cultura no es un privilegio, es un derecho ‘- desempeña una labor fundamental en la consolidación del tejido institucional y cultural de nuestro país en el ámbito de las artes escénicas y musicales, tanto mediante su política de fomento y comunicación territorial como a través de sus centros de creación artística y unidades de gestión patrimonial y formación. Preservar y reforzar este organismo en su naturaleza de Organismo Autónomo 100% público es la mejor forma de garantizar que esa labor continúe al servicio de la ciudadanía». Los trabajadores concluyen que «la transformación a una EPE es una renuncia al derecho constitucional de acceso a la cultura. Proteger la condición de Organismo Autónomo Reforzado garantiza un modelo público blindado frente a lógicas mercantiles y permite corregir las deficiencias actuales. Defendemos el fortalecimiento de la estructura actual como una obligación democrática con las personas trabajadoras del sector y el conjunto de la ciudadanía».Ya a finales de febrero, los tres sindicatos mayoritarios del Ministerio de Cultura –CC.OO., UGT y CSIF– rechazaron de forma conjunta la propuesta de transformarlo en una entidad pública empresarial (EPE).
Los trabajadores del Inaem (Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música) rechazan la reforma del organismo presentada en febrero de este año por el Ministerio de Cultura, que dirige Ernest Urtasun. En un comunicado hecho público este lunes … la asamblea «manifiesta su oposición directa ante esta propuesta mercantil y defiende un modelo alternativo: la permanencia del Instituto como Organismo Autónomo reforzado, con la dotación económica y los instrumentos necesarios para garantizar la promoción, protección y difusión de la música, la danza, el teatro y el circo, así como del teatro del Siglo de Oro, la zarzuela, los ballets nacionales, el patrimonio musical y las creaciones contemporáneas diversas, igualitarias y plurales».
A mediados de febrero, Jordi Martí, secretario de Estado de Cultura, presentó el proyecto de reforma del Inaem (una idea acariciada desde hace décadas por distintos gobiernos), que prevé la conversión en EPE (Entidad Pública Empresarial) del organismo, lo que según el Ministerio de Cultura permitiría suprimir la intervención previa de Hacienda –que pasaría a ser posterior– y ganar agilidad en contratación, coproducciones y acuerdos con terceros. La nueva fórmula, añadía Cultura, abriría además la puerta a una mayor autofinanciación vía mecenazgo y, en un contexto de minoría parlamentaria, permitiría al ministro aprobarla sin necesidad de pasar por el Congreso.
Según los trabajadores, «la Entidad Pública Empresarial (EPE) es una figura del sector público institucional regida principalmente por el derecho privado y financiada de forma mayoritaria con ingresos de mercado. Aunque conserva carácter público, queda fuera del régimen ordinario de la Administración General del Estado, con consecuencias relevantes sobre el enfoque del servicio que presta».
«Esta configuración jurídica -añaden- introduce una orientación al rendimiento económico que tensiona la función esencial del servicio público cultural: la conservación y difusión del patrimonio, la promoción de propuestas artísticas diversas —incluidas las más arriesgadas o minoritarias— y el acceso de la ciudadanía a precios asequibles. Asimismo, abre la puerta a una progresiva sustitución del empleo público ganado por oposición y a la precarización de las condiciones laborales del personal técnico, artístico y administrativo que hace posible cada espectáculo.
«El Inaem -sigue la nota, que titulan ‘Reforma sí, mercantilización no: la cultura no es un privilegio, es un derecho‘- desempeña una labor fundamental en la consolidación del tejido institucional y cultural de nuestro país en el ámbito de las artes escénicas y musicales, tanto mediante su política de fomento y comunicación territorial como a través de sus centros de creación artística y unidades de gestión patrimonial y formación. Preservar y reforzar este organismo en su naturaleza de Organismo Autónomo 100% público es la mejor forma de garantizar que esa labor continúe al servicio de la ciudadanía».
Los trabajadores concluyen que «la transformación a una EPE es una renuncia al derecho constitucional de acceso a la cultura. Proteger la condición de Organismo Autónomo Reforzado garantiza un modelo público blindado frente a lógicas mercantiles y permite corregir las deficiencias actuales. Defendemos el fortalecimiento de la estructura actual como una obligación democrática con las personas trabajadoras del sector y el conjunto de la ciudadanía».
Ya a finales de febrero, los tres sindicatos mayoritarios del Ministerio de Cultura –CC.OO., UGT y CSIF– rechazaron de forma conjunta la propuesta de transformarlo en una entidad pública empresarial (EPE).
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